Empresas de telefonía piden retrasar aplicación de nuevo impuesto

En una carta enviada al presidente Salvador Sánchez Cerén, las compañías Claro, Tigo, Digicel y Telefónica, piden que la aplicación del impuesto se retrase durante al menos 4 meses.

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Por Expansión

2015-11-11 5:41:00

Las cuatro empresas que conforman la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel) enviaron este miércoles una carta al presidente Salvador Sánchez Cerén en la que reiteran su rechazo al nuevo impuesto al sector y señalan “inconvenientes y vacíos” para su aplicación.

Claro, Tigo, Digicel y Telefónica expresan que no tienen conocimiento de cuándo ni cómo se aplicará el nuevo gravamen, por lo que estiman necesario un periodo de al menos cuatro meses para asegurar la correcta aplicación de la ley que lo regula.

La “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia” crea un nuevo impuesto de 5% para la adquisición y uso de servicios de telecomunicaciones así como para la compra de teléfonos y otros productos relacionados.

“La Cámara expresó su descontento por no haber sido consultada respecto del contenido de la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, ni la viabilidad de ejecutar la misma en la forma en que fue planteada y posteriormente aprobada en el seno de la Asamblea Legislativa”, señala Casatel, en un comunicado de prensa.

Según las empresas de telefonía, se necesita suspender la aplicación del impuesto para comunicar a sus miles de clientes los cambios que se verán reflejados en sus facturas, para que estos adopten las medidas que consideren necesarias. “Principalmente, les preocupan las instituciones de gobierno, las municipalidades, Pymes y demás entidades que operan bajo la base de presupuestos anuales y que no cuentan con partidas de gastos imprevistos para hacer frente al pago de este nuevo tributo”.

A manera de ejemplo, Casatel señala que en la cadena de suministro de teléfonos móviles inteligentes, tabletas electrónicas y otros productos de telecomunicaciones intervienen al menos cuatro intermediarios, desde el productor hasta el consumidor final, y según la ley cada uno de ellos debe cobrar el 5%, lo que significa que el consumidor podría tener que pagar un 20% adicional al IVA.

“Finalmente Casatel reitera, como lo hizo antes de la aprobación de ley antes mencionada, que este impuesto traerá como consecuencia una afectación muy importante, no sólo a la industria de telecomunicaciones, sino a la economía en general”, señalan las cuatro compañías.