Un nuevo gerente deben contratar las empresas e instituciones que operan en nuestro país, a partir del 2 de enero del próximo año. Se trata del Oficial de Cumplimiento, un cargo que establece el artículo 14 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
Las últimas reformas fueron aprobadas el año pasado por la Asamblea Legislativa, sin embargo, la ley data de 1998.
El oficial de cumplimiento tendrá entre sus tareas enviar reportes mensuales por cada transacción en efectivo mayor a $10,000 a la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Fiscalía General de la República, conocida como la UIF.
El ejecutivo también deberá elaborar una normativa que describa los canales de ingresos de la empresa, una base de datos con vigencia a 15 años, y un plan anual de trabajo. La UIF será la encargada de emitir un carné a cada sujeto obligado (ver recuadro) que hará constar que ha cumplido con el proceso de acreditación, mismo que será solicitado por instituciones financieras hagan trámites.
Los mandatos de le ley son bien vistos por el sector privado, sin embargo, existe preocupación porque la mayoría de empresas desconoce las disposiciones de la ley, y además, queda poco tiempo para que efectúen la contratación del nuevo gerente y su suplente.
La disposición también tendrá que ser cumplida por profesionales, como abogados, consultores, despachos jurídicos, auditores, contadores, médicos, y toda aquel que esté constituido jurídicamente.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el reto es financiero. “No tenemos las condiciones económicas como para contratar nuevas plazas”, dijo Pablo Durán, presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport).
“Estamos preocupados porque las empresas que no cumplan deberán pagar los créditos que tengan con los bancos y no podremos tramitar nuevos. Por eso hemos pedido una prórroga”, dijo Durán.
Al respecto, Armando Arias, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), confirmó que ha solicitado a la Fiscalía (por medio de varias misivas) que la entrada en vigencia de estas disposiciones se haga en forma paulatina.
“Si la Fiscalía no avala una prórroga, a partir del 2 de enero 2016, las empresas que no cumplan no podrán ni solicitar créditos ni hacer ninguna operación bancaria, pues así lo exige la ley”, comentó.
Los empresarios insisten en que aún no hay claridad en algunos aspectos, por ejemplo, en el caso de grupos o conglomerados se preguntan si es necesario contratar un sólo oficial, o es necesario uno para cada empresa.
Sin embargo, la directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), Carmen Aída Muñoz, aseguró que existe el conocimiento por parte del sector privado, pues en colaboración de la Fiscalía han realizado varias capacitaciones.
“Estamos claros que las empresas deben de ajustar su estructura organizativa para cumplir con lo dispuesto al artículo 14, pero creemos que es vital para que el país que la ley se cumpla, para evitar empresas de fachada que utilicen dinero procedente de actividades ilícitas”
Se intentó obtener la versión de la UIF, pero luego de las respectivas gestiones, informaron que no podrían brindar declaraciones sobre este tema.