El Gobierno no recaudará los impuestos por los servicios de telefonía con la misma urgencia con la que se necesita combatir a la delincuencia, aseguraron ayer los economistas Luis Membreño y Claudio de Rosa en una entrevista radial.
Según dijeron en la entrevista, el Gobierno solo recaudará un promedio de $4 millones mensuales a partir de la entrada en vigencia del decreto, con lo que le llevaría un año completo recaudar al menos $48 millones para financiar la seguridad.
Además, el otro 5% que se cobrará a las utilidades netas de las empresas no ingresará a las arcas del Estado sino hasta 2017, cuando cada empresa tenga que hacer la declaración de la renta.
De acuerdo con Membreño, con ambos impuestos, el Ministerio de Hacienda apenas podría recaudar menos de $100 millones.
De Rosa dijo que si se hubieran tomado en cuenta las propuestas de la fracción legislativa de ARENA, se hubiera podido emitir deuda de hasta $150 millones que pudieron haber tenido efecto inmediatamente y sin necesidad de crear un nuevo tributo para la población. El partido también propuso que antes que se aplicaran nuevos impuestos se hicieran recortes de gastos en áreas que no son prioritarias.
Membreño señaló, además, que con el nuevo impuesto, el Gobierno corre el riesgo de que la Sala de lo Constitucional lo declare ilegal por los vicios que contiene, entre ellos una doble tributación que podrían pagar los usuarios.
Este punto ya fue señalado por la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel) que expresó en un comunicado todas las dudas que hay detrás del cobro de este nuevo tributo, nombrado por el Gobierno como “contribución para la seguridad”.
De hecho, Casatel pidió expresamente al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en una carta oficial que les otorgue un plazo de al menos cuatro meses para conocer bien la ley y modificar sus sistemas para cobrarlo, pues las telefonías serán un agente de retención.
Mientras tanto en la Corte Suprema de Justicia todavía no confirma si admitirá una demanda de inconstitucionalidad por el impuesto, que fue presentada el 23 de noviembre por el abogado Salvador Enrique Anaya.
Las empresas de telefonía, por su parte, ya comenzaron a informar a sus clientes que la factura por sus servicios se verá incrementado en un 5% en cuanto entre en vigencia la ley.
El cargo de 5% a la telefonía y el de utilidades a las empresas se convierten en otros tributos más aplicados por los gobiernos del FMLN que, a lo largo de los últimos seis años, han establecido 26 diferentes impuestos, muchos de los cuales han ido dirigidos a los trabajadores formales, que pagan cada vez más impuestos.
Muchos de esos impuestos no han recaudado el dinero que el Gobierno pretendía recolectar, según las proyecciones de presupuesto anual.
Los economistas coincidieron en que el diálogo y la concertación entre partidos políticos es clave para que las finanzas del país avancen en acuerdos que mejoren las condiciones de la población.