El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, confirmó ayer que el Gobierno ya recibió los primeros $30,000 del nuevo impuesto de 5% aplicado a las operaciones telefónicas.
Según el funcionario, el dinero es parte de una importación (de productos telefónicos) a los que se les hará el cargo tal como lo dice la ley que aprobó la Asamblea Legislativa a finales de octubre.
“Ya se han empezado a recibir los primeros dineros provenientes de la contribución. Estamos esperando que a la facturación de las telefónicas venga el resto del dinero”, señaló el funcionario.
De acuerdo con Cáceres, Hacienda espera recaudar unos $6 millones mensuales del nuevo tributo a la seguridad.
Cáceres también señaló que ya está en la página web de la institución el instructivo para que las telefónicas cobren el impuesto.
El dinero, sin embargo, no entrará en el presupuesto general del Estado que los diputados esperan discutir a partir de hoy en la Asamblea Legislativa.
Según el funcionario, “ya se aprobó la apertura de las líneas presupuestarias” y solo se esperaría que la Consejo de Seguridad recomiende cómo usarlo para darle el destino correspondiente.
El impuesto, sin embargo, podría revisarse en su legalidad pues el abogado constitucionalista, Salvador Enrique Anaya, presentó el pasado 23 de noviembre una demanda ante la Sala de lo Constitucional pues a su juicio, hay vicios legales que van desde la equidad tributaria, la doble tributación e incluso, hasta la fecha de publicación del mismo.
Al respecto Cáceres señaló que no le preocupa esta demanda pues antes de aprobarlo se consultaron todas las leyes y decretos y todo está debidamente legal. Sin embargo dejó a los magistrados la decisión de si lo considera ilegal o no.
En otro tema, Cáceres señaló que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún no le ha entregado por completo el diagnóstico sobre el sistema de pensiones, por lo que aún no hay nada definido sobre este tema.
Pese a ello, Cáceres insistió en que el Gobierno necesita modificar los flujos de las cotizaciones pues, según él, el Gobierno está subsidiando con dinero estatal a un porcentaje de la población que, tras habérsele acabado su dinero cotizado en las AFP, tienen que recibir una pensión mínima para la que no han aportado al Gobierno.