El abogado constitucionalista, Salvador Enrique Anaya, demandó oficialmente al Gobierno ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que declare ilegal el nuevo impuesto de 5% a la telefonía, que fue aprobado el 29 de noviembre en la Asamblea Legislativa, y que fue llamado “contribución especial para la seguridad”.
Anaya decidió presentar la demanda en vista de que ya están publicados en el diario oficial del 5 de noviembre los decretos firmados por los diputados, lo que lo vuelve una ley que estará vigente a partir del 1 de diciembre.
Anteriormente el abogado solo había solicitado a los magistrados que se suspendiera la vigencia del tributo porque aún no estaba publicado oficialmente.
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En su demanda Anaya sostiene que el nuevo impuesto debe ser declarado inconstitucional por cuatro razones: por un vicio en la publicación de la ley, por violación al principio de equidad tributaria, por violación al principio de igualdad y por violación al principio de no afectación de los ingresos estatales.
En el primer argumento Anaya establece que hay una ilegalidad en las fechas de publicación pues no coincide la fecha “formal” de la publicación (5/nov/2015) con la fecha real y efectiva de la publicación (23/nov/2015).
El segundo argumento señala que se ha violentado la equidad tributaria en su manifestación de capacidad económica contributiva pues el impuesto se cobrará de la misma forma en que ya lo hace el IVA, como es la prestación de servicios de telecomunicación y adquisición de bienes.
Otro de los argumentos del abogado es que se está violentado el principio de igualdad pues trata de forma discriminatoria al sector telecomunicaciones al que se le impone una mayor carga tributaria “No existe motivo razonable alguno para imponer a dichos servicios y bienes una carga tributaria mayor”, afirma Anaya en su escrito.
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Finalmente el constitucionalista afirma que este nuevo impuesto es ilegal porque viola el principio de no afectación de los ingresos estatales en el sentido de que a pesar de que el dinero entrará al Fondo General del Estado, la misma ley determina el uso que se le dará y se explica de una forma difusa y ambigua. En la demanda Anaya reiteró la solicitud de que el nuevo impuesto no entre en vigencia y se vean afectados los más de 4 millones de salvadoreños que cuentan con servicio de telefonía.
Anaya recordó que ya en otras oportunidades en las que la Sala ha resuelto sobre la inconstitucionalidad de cobros como el del FONAT, no se ha ordenado la devolución del dinero, por lo que cree pertinente que los magistrados resuelvan antes de que las empresas telefónicas cobren el dinero. La Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel) le entregó al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, una carta solicitándole una prórroga de 4 meses pues hasta esa fecha desconocían por completo el contenido del documento, que fue divulgado hasta el lunes 23 de noviembre, a pesar de que fue incluido en la edición del 5 de noviembre.
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