Las viejas cargas ideológicas de lucha de clases de personeros del partido de gobierno, el FMLN, están impidiendo que se discuta de manera técnica el plan Cáceres de las pensiones, denunció el comité sindical a favor de los ahorros de los trabajadores, Comtradefop.
Los dirigentes de la organización laboral, el sindicalista Ricardo Soriano y el abogado Enrique Anaya, denunciaron que en recientes reuniones los diputados efemelenistas Norma Guevara y Rolando Mata, les manifestaron que “no les temblará la mano para sacar a las AFP del país”, una frase que les demuestra el principal objetivo que hay detrás de la propuesta de Cáceres de regresar parcialmente a un sistema de pensiones manejado por el Gobierno.
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También lo confirman al escuchar las declaraciones del secretario general del FMLN, Medardo González, así como de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña y el ministro Cáceres, quienes han expresado su rechazo a la “la privatización de las pensiones que impulsó ARENA” en 1998 y que, según ellos, está dejando millonarias ganancias a las AFP.
“La privatización del sistema de pensiones que impulsó ARENA, fracasó y las grandes ganadoras han sido las AFP”. “El Estado salvadoreño ya no puede seguir con este sistema de pensiones”, señaló González la semana pasada.
Sin embargo Anaya dice que estas declaraciones afectan un debate serio del tema pues la discusión se aleja del ámbito técnico que debería tener.
“En lugar de tener una visión técnica sobre el tema, se contamina con una visión ideológica y la necesidad del dinero”, dijo Anaya.
“Ellos lo que quieren es una muerte a pausas de las AFP. No les importa la cobertura, ni la rentabilidad ni nada más, solo sacar a las AFP”, dijo el abogado, quien además ve en el Plan Cáceres un ataque contra la empresa privada. “No habrá necesidad de que los saquen del país. Ellos mismos se van a ir. Esto es una muerte a pausas para las AFP, una lucha contra la empresa privada”, dijo Anaya.
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El diputado Rolando Mata respondió ayer que esas palabras que Soriano y Anaya escucharon en la reunión son solo “su percepción” y que no es cierto que el FMLN quiera sacar a las AFP del país.
Y lejos de eso, acusó a Soriano y a Anaya de recibir financiamiento de las AFP para publicar sus comunicados en los periódicos, a pesar que dijo no tener pruebas de eso.
Debate integral
Las AFP, por su parte, se han defendido a través de un comunicado, alegando que el sistema de ahorro de pensiones a través de una cuenta individual ha sido sostenible en el tiempo y cuenta con el respaldo financiero para garantizar el pago de pensiones en el futuro.
En otra oportunidad la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos para Pensiones (Asafondos) también ha manifestado que son empresas privadas supervisadas constantemente por la Superintendencia del Sistema Financiero, y que cumplen a cabalidad las disposiciones legales de inversión y cobro de comisión que les aprueba el Gobierno.
Por disposición de la Superintendencia del Sistema Financiero, a julio de este año las AFP deben cobrar una comisión neta del 1.18% del fondo y cumplir con los límites de inversión que le establece la ley.
“Todo el mundo le tira las flechas a las AFP, pero es a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que hay que apuntar para que ésta mejore. La discusión debe ser técnica y no ideológica” señaló Soriano.
Los sindicalistas señalan, además, que el Gobierno está centrando su atención en una reforma que solo les permita tener más dinero para sus gastos, pero no están considerando otros aspectos importantes para que la reforma sea sostenible en el tiempo y que incluya aspectos generacionales que impactarán en las futuras generaciones.
Diferentes organizaciones y tanques de pensamiento también se han pronunciado a favor de que se discuta una reforma integral que no solo abarque el problema fiscal sino que además se presenten soluciones para una mayor cobertura previsional y una mejor rentabilidad, entre otros aspectos.
Gobierno administrador
Si las AFP se fueran sería el Estado el que administraría el dinero de los cotizantes.
Empero, ni Anaya ni Soriano están convencidos de que el Estado tenga la capacidad para administrar ese dinero y pagar pensiones. “¿Para qué se va a poner más carga el Gobierno?, dice Soriano, quien no confía en que el Gobierno haga un trabajo de administración transparente. “Hacer una AFP estatal no significa que no vaya a tener gastos el Gobierno. Necesitan personal, pago de planillas y pago de pensiones”, dijo. “Esto es una estatización lenta”, agregó Soriano.
La única propuesta de reforma de pensiones que ha salido a la luz hasta hoy es la del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Este plan propone reabrir un sistema de reparto o público alimentado por las cotizaciones de los trabajadores que ganen menos de $484.
Según el plan Cáceres, todos los que ganen hasta dos salarios mínimos tendrán que trasladar sus ahorros personales a un fondo común administrado por el Gobierno.
Los números oficiales indican que más del 53% de los actuales cotizantes de las AFP ganan ese salario, por lo que más de $4,200 millones pasarían inmediatamente a las arcas del Estado.
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El objetivo del Plan Cáceres es darle liquidez al Gobierno para que pague las pensiones de los actuales pensionados del ISSS y el INPEP pues cada año el Gobierno tiene que desembolsar un aproximado de $400 millones que ahora se le prestan a los actuales cotizantes de las AFP.