Representantes de gremiales del sector privado se reunieron con el titular del Ministerio de Economía (Minec), Tharsis Salomón López, para dar a conocer el anteproyecto de la Ley de Defensa Comercial, la cual será presentada este martes a la Asamblea Legislativa.
Dicha normativa es un instrumento legal que tiene como objetivo establecer mecanismos de protección y defensa para la industria en contra de prácticas desleales del comercio. El anteproyecto ha sido trabajado en conjunto entre el Minec y el sector privado, que han expresado respaldo hacia esta iniciativa.
En la reunión se hicieron presentes Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI); Agustín Martínez, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro); y Pablo Durán, presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), quienes consideran que es necesario que exista un marco regulatorio para las importaciones.
Rigoberto Monge, coordinador general de la Organización de Apoyo al Sector Productivo para las Negociaciones Comerciales Internacionales (Odasp), indicó que uno de los principales beneficios que este instrumento traerá para los empresarios es proteger la producción nacional.
Explicó que aún más importante es que esta ley estará protegiendo todos los factores que se encuentran atrás de la producción nacional como son la generación de empleo, producción para exportar, esfuerzos de inversión para mejorar calidad, innovación y certificación de productos.
Monge hizo hincapié en que por décadas el sector privado no ha tenido el instrumento jurídico que lo proteja ante algunas prácticas desleales del comercio, y este anteproyecto vendrá a regular acciones como las importaciones masivas que pueden causar daño a algunas ramas de la industria, o actividades desleales como el “dumping”, que consiste en exportar productos a un precio inferior al del mercado del ese país para sacar de la competencia a una empresa local.
Pablo Durán, presidente de Coexport, considera que uno de los puntos positivos a destacar de la ley es que fue creada a través de una diálogo público privado, puesto que esto implica que “la empresa privada está de acuerdo con este marco regulatorio que se están llevando con esta ley”.
Por otra parte, reiteró que previo a esto las industrias estaban desprotegidas principalmente aquellas exportadoras, “habían empresas nuestras (de Coexport) que les ponían barreras en los países de destino como ha sido el caso del sector de plástico. (Todos estos años) hemos trabajado sin tener un marco regulatorio, pero nos sentimos satisfechos que ya existe uno”, dijo.
René Salazar, director de Administración de Tratados Comerciales (Datco) del Minec, explicó que “en la medida que nuestro país ha avanzado en los procesos de apertura comercial, las industrias nacionales enfrentan una mayor competencia como resultado del aumento de las importaciones”, motivo por el cual considera la importancia de esta ley.
Es por esto que la defensa comercial será uno de los ejes estratégicos en apoyo a la industria con el objetivo de generar una competencia justa y en igualdad de condiciones en el mercado.
Con esta medida El Salvador se estaría poniendo a la vanguardia en Centroamérica puesto que no son muchos los países en Latinoamérica que disponen de este tipo de ley, siendo México y Chile, los que la poseen.
Según Salazar, “aproximadamente el 85% de los productos negociados en los acuerdos comerciales ya ingresan libres de aranceles a nuestro país, lo cual es un factor que incita al surgimiento de prácticas que distorsionan el comercio”.
Crearán Sistema Nacional de Defensa
Uno de los valores agregados de esta nueva ley será la creación del Sistema Nacional de Defensa Comercial, una instancia conformada por representantes del sector público y privado.
El sistema tendrá como fin analizar y promover acciones encaminadas a garantizar la defensa comercial de los sectores productivos nacionales.
En este caso, será el Ministerio de Economía el que ejercerá la presidencia de la instancia, aunque contará con representación del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX) del Banco Central de Reserva (BCR); y el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa). Por parte del sector privado habrá representación de los sectores industrial, exportador y comercial.
Una de sus principales acciones será evaluar la existencia de prácticas desleales; monitorear los flujos de comercio para determinar triangulaciones de productos y recomendar a las autoridades el inicio de investigaciones de origen. Además, conocer las barreras técnicas denunciadas por exportadores e importadores.