El Salvador debe a sus diferentes acreedores más de $16,000 millones, que a la fecha representa más del 60% de todo lo que produce el país en un año.
De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, la deuda total (que incluye deuda interna y externa) asciende a $16,142.0 millones, de los cuales el 58% se los ha prestado inversionistas privados, que cobran intereses de entre el 3 y el 6% y que consideran las condiciones económicas y políticas para mantener su financiamiento en el país.
La cifra supera en $3,190 millones a la deuda que el país tenía en 2011; mientras existe una fuerte discusión en el país por nuevas contribuciones que se quieren imponer para la seguridad y la intención de una reforma de pensiones para darle liquidez financiera al Gobierno, al tiempo que no despega una Ley de responsabilidad fiscal en la Asamblea Legislativa.
Solo en el Sistema Público No Financiero (el grueso del Gobierno Central) los inversionistas privados han prestado $6,476.8 millones.
Los organismos multilaterales son el segundo mayor acreedor del Gobierno pues a la fecha le han prestado $3,552 millones por los que cobra intereses de más del 3%.
A los trabajadores cotizantes de las AFP, el Gobierno les había prestado hasta agosto un total de $3,316.2 millones a quienes solo les está pagando como máximo una tasa de interés del 3%, por decisión del consejo directivo del Fideicomiso de Inversión Previsional (FOP).
“Indudablemente es un endeudamiento que lleva al país a una situación de insostenibilidad fiscal, que al sumar la deuda escondida de pensiones que tiene acumulado el Gobierno, muestra que el camino que sigue El Salvador es igual que el de Grecia”, señaló el economista Claudia de Rosa.
Una de sus más fáciles fuentes de financiamiento externo han sido las Letras del Tesoro (Letes), que ya tienen un saldo de $672.5 millones que se encaminan a un nuevo límite.
Siga leyendo: Las deudas de Sánchez Cerén en un año de Gobierno
Amortización y pago de intereses
La deuda que tiene El Salvador hasta la fecha le generará al Estado un gasto total de $850.6 millones de los cuales solo $550.6 millones son para pagar intereses en 2016 y, el resto, o sea $300 millones servirán para amortización, según indica el mensaje del proyecto de presupuesto del próximo año que ya está en la Asamblea Legislativa.
Ante los números proyectados para el otro año, la empresa privada se ha mostrado preocupada por el excesivo gasto que el país está haciendo y que, a todas luces evidencia que el país necesitará más endeudamiento para afrontar sus gastos.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal, dijo la semana pasada, sobre el nuevo proyecto de presupuesto de 2016 que es evidente que el país tendrá que seguirse endeudando.
Lea también: 20 millones de dólares menos para pagar intereses de las pensiones en 2016
“Sin haberlo analizado a fondo me da la impresión que vamos a tener el mismo problema que hemos tenido este año, que es que a medio año se van a quedar sin dinero, van a tener nuevamente, como ya lo dijo el ministro, van a tener nuevamente que buscar cómo endeudarnos más y cómo castigarnos con nuevos impuestos”, se quejó.
Canciller habló de reestructurar deuda ante la ONU
El canciller de la República, Hugo Martínez, habló el sábado pasado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en el país se replantearían mecanismos para “reestructurar la deuda soberana que promueva un reparto justo y compartido de la responsabilidad entre deudores y acreedores, mediante la adopción de un enfoque basado en las necesidades humanas”, dijo en su alocución.
Según Martínez, la deuda “afecta la capacidad del Estado para generar inversión pública e incentivar la inversión privada, lo que a su vez impide el cumplimiento de los objetivos relacionados con el desarrollo”.
La idea fue lanzada hace casi un año por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien mencionó que se podía “vender la deuda del país” para renegociarla, aunque nunca se explicó la forma en cómo se podría desarrollar esta idea.
A la fecha, el Gobierno habla de más ingresos tributarios para hacer frente a sus diversos gastos estatales.
Letes van camino a un nuevo “tope” de $800 Mlls.
Las Letras del Tesoro (Letes), consideradas “la tarjeta de crédito” del Gobierno, alcanzaron a septiembre pasado un saldo de $672.5 millones que se encamina a una nueva cifra “tope” de $800 millones a la que el Gobierno ha llegado al final de cada año.
En septiembre del año pasado, y gracias a un refinanciamiento de largo plazo, el Ministerio de Hacienda logró bajar ese saldo a tan solo $160 millones y dejó de pagar su amortización durante siete meses, a pesar de que usó la tarjeta durante varios meses.
En promedio el Gobierno emite cada semana $20 millones en nueva deuda de corto plazo a través de las Letes que utiliza para sus gastos corrientes.
Al 31 de agosto de este año esa deuda en Letes representaba el 2.3% del Producto Interno Bruto, una cantidad superior a los $400 millones que el Gobierno gasta anualmente para el pago de las pensiones del sistema público del ISSS y el INPEP para lo que aseguran no contar con dinero suficiente.
Las Letes son una de las herramientas financieras más usadas por el Gobierno debido a que no necesitan del aval de la Asamblea Legislativa para emitirlas. Esta deuda de corto plazo es adquirida por inversionistas extranjeros a quienes se les pagan tasas de interés de entre el 4 al 5% dependiendo del riesgo que ellos perciban en el país.