Juan Abellán, director regional para Telefónica, explicó que hay demasiadas regulaciones, tanto en El Salvador como en los demás países de Latinoamérica que afectan la competitividad de las empresas de telecomunicaciones.
En el país existen dos obstáculos generados por el Estado a las telefonías: el primero es una propuesta de impuesto del Gobierno que establece que los salvadoreños paguen una “contribución especial” del 10 % sobre la facturación de su consumo telefónico por mes con el objetivo de financiar la seguridad ciudadana y convivencia.
El segundo es un proyecto de ley especial que obliga a las empresas de telecomunicaciones a bloquear la señal en centros penales, el cual establece que empresas podrán ser multadas con cinco mil salarios mínimos en el caso de no cumplir con la normativa.
Abellán aseguró que como empresa “somos muy respetuosos de las decisiones de los gobiernos en los países que operamos y cumpliremos con las leyes”, pero considera que también existen otras vías para conseguir impuestos.
El director expresó que Telefónica busca continuar invirtiendo más en el país, pero considera que necesitan que “las conversaciones con el Gobierno sean más cercanas” y que exista mayor apertura por parte del Estado.
Este punto es importante dado a que han tenido acercamiento con el Gobierno para dar a conocer soluciones en temas de seguridad, pero estos últimos han sido demasiado impositivos en sus decisiones. “No es diálogo cuando hay mucha imposición por parte del Gobierno”, añadió Abellán.
Hasta la fecha, la compañía ha invertido acá más de 600 millones de dólares en redes desde el 2000 hasta la fecha. La preocupación del ejecutivo es que el país se ha rezagado en avances tecnológicos, siendo el único país de la región que no ha aplicado la tecnología 4G.
Lo que se busca es que exista mayor apertura con el Estado para discutir sobre una mejora regulatoria y poder también discutir sobre ampliar el espectro radioeléctrico, lo que permitiría que pudieran invertir más en nuevas tecnologías.
Celulares en penales
En el caso del bloqueo de señal en las áreas de los centros penales, la compañía reiteró que “no somos responsables que hayan o no teléfonos en las cárceles”. Con esto hace hincapié que existen otras medidas para solventar el problema de los teléfonos en los penales.
Sin embargo, “el Gobierno no ha querido entender el problema” y simplemente ha dejado en manos de las telecomunicaciones solventar el agravio. Más allá de eso, Abellán considera que esto lanza un mensaje negativo hacia estas empresas, ya que las hace ver como que son aliadas de criminales y eso afecta la imagen de las compañías y “confunde a la gente”.
“Por qué no hablamos de cómo hacer para que los teléfonos no entren en las cárceles”, agregó al referirse que son otros los problemas a discutir.
Cuando se bloquea la señal también se ven afectadas las personas que viven en las zonas aledañas, hasta el momento se han visto dañadas alrededor de 500 mil personas en dichas zonas.