La recaudación del fondo de pensiones para el que aportan los trabajadores salvadoreños en las AFP ha crecido $57.27 millones (6.63%) desde agosto de 2014 y ya acumula un total de $7,183.18 millones, según un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a agosto de este año.
Sin embargo, aunque el dinero es mucho, la rentabilidad promedio o ganancias que ha obtenido en el último año producto de las inversiones, apenas ha sido de 2.47%.
Al hacer un balance de las ganancias y otros movimientos el ahorro total asciende a $8,491.11 millones de los cuales $8,449.68 millones son el patrimonio de los fondos de pensiones.
El 99.5% de todo este dinero lo constituyen los aportes que hacen mes a mes los trabajadores a través de las cotizaciones obligatorias mientras que un 0.31% de las cotizaciones han sido voluntarias y un 0.08% son cotizaciones pendientes de aplicar y 0.11% de rezagos por fuentes no definidas.
Todo este dinero está acreditado a nombre de cada uno de los 2.7 millones de trabajadores que están afiliados a las AFP, tal como si fuera una cuenta bancaria. La única diferencia con un banco es que el titular de esta cuenta de ahorros no puede sacar el dinero cuando quiera, sino hasta que cumpla con los requisitos de ley para jubilarse (años de jubilación y años de cotización).
Mientras el dinero está ahorrado, las AFP invierten el dinero en instrumentos financieros que generen más rentabilidad. Por ley el 45% de estos fondos tienen que ser prestados al Gobierno a través de un Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que actualmente está pagando una tasa de interés del 3%.
A la fecha el FOP ha requerido deuda por $480 millones que han servido para pagar las jubilaciones del sistema previsional público.
El resto se invierte en titularizaciones y otras inversiones financieras que pueden llegar a ganar un interés de hasta el 6 o 7% dependiendo del riesgo de la inversión y de acuerdo a las limitaciones que ya estipula la Ley de Ahorro para Pensiones.
Las AFP no pueden invertir este dinero a nivel internacional (como en la bolsa de valores de Nueva York, por ejemplo) pues el Gobierno no lo ha considerado en la ley a pesar de que las compañías creen que esto podría mejorar la rentabilidad del fondo y ayudar a cada ciudadano a obtener una mejor pensión en el futuro.