El hermetismo sigue rodeando una licitación pública para elegir a dos empresas que deben prestar servicios, de apoyo terrestre y despacho a las aerolíneas, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Pese a que ya pasaron varios meses desde que se anunció el concurso público y que el mismo presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, declarara que ya fue adjudicada, aún se desconoce quiénes fueron las compañías ganadoras de este proceso pues la información se ha catalogado como reservada y ni el presidente de la autónoma, ni la gerencia general que administró el proyecto, quieren informar sobre el asunto.
Según Vanegas, la licitación ya fue adjudicada, pero cada vez que se le ha preguntado sobre el nombre de las empresas ganadoras, asegura no recordarlos.
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Tampoco lo saben las empresas participantes pues una de ellas confirmó a esta periódico que no se les ha notificado el resultado de ésta, y desconoce si hay alguna apelación por parte de otras participantes.
Al solicitar esa información a través de la Unidad de Acceso a la Información de la entidad, la respuesta es que aún existen procedimientos legales, en relación al referido concurso, y que la información no puede entregarse “hasta que el acto que suspende su entrega quede en firme”, indica la carta enviada por la oficina.
El documento no aclara si la licitación aún está en curso o en qué instancia está. Para confirmarlo este periódico trató de constatar este dato a través de la Unidad de Comunicaciones, pero no obtuvo respuesta.
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Licitación dudosa
En junio de este año este periódico publicó las dudas que hay en torno a esta licitación, que ha sido manejada sigilosamente.
El primer punto de desconfianza es que la licitación no siguió un proceso normal a través de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (Lacap), sino a través de la gerencia general, manejada por la mano derecha de Vanegas, Emérito Velásquez.
La institución alega que el procedimiento no se hizo a través de la Ley LACAP porque “los contratos de explotación de negocios no encajan en las figuras contractuales contempladas en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), ya que es un contrato de explotación que habilita a las empresas la prestación de los servicios a las aerolíneas.
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Sin embargo una reciente resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la contratación de medicamentos, señala que CEPA no puede utilizar su reglamento para realizar estos contratos pues cuando se aprobó la Ley LACAP ésta quedó por encima de otros reglamentos para hacer contrataciones.
“De acuerdo con el artículo 173 de la LACAP, las disposiciones de esa ley prevalecerán por su especialidad sobre cualquier otra normativa general o especial, que regule la misma materia”, indica la resolución de la Sala.
Las dudas sobre el proceso surgieron desde un inicio. Documentos a los que ha accedido El Diario de Hoy indican que el 30 de abril CEPA recibió las ofertas de las empresas que participarían en el proceso y que, llegada la hora límite para entregarlas, solo cuatro compañías firmaron el acta de participantes. Estas empresas son Airsupport, Aerodespachos, Aerojet y Latin American Aeronáutica Technical Support (LAATS).
Pero la falta de un mecanismo de evaluación y los rumores de que otra compañía había entregado las bases unos días después, hizo que la Asociación de Concesionarios de Aeropuertos y Puertos Marítimos le pidiera al gerente general que pusiera por escrito el nombre de las empresas que participaron en la presentación de ofertas así como el sistema de evaluación del proceso.
Después de enviada esta carta, CEPA realizó una reunión el 20 de julio en el que además estuvo presente un representante de la empresa Swissport, con lo cual aumentaba a cinco el número de empresas participantes. En la cita participaron los cinco representantes de las empresas así como el gerente general, Emérito Velásquez; el gerente de polos desarrollo de CEPA, Guillermo Rodríguez y Karla Fratti de Vega, asesora legal de la Junta Directiva de CEPA.
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En ella se dejó constancia que “ante las diversas dudas surgidas en relación al referido proceso en los medios de comunicación, no obstante se ha tramitado con toda transparencia” y se plantearon opciones de repetir el procedimiento.
Procesos cuestionados
No es la primera vez que CEPA es cuestionada por sus procesos de licitación. En el Puerto de La Unión, el proceso para elegir a la empresa que podría administrar la terminal marítima se declaró desierta a pesar de que hubo una precalificación para que las compañías interesadas se tomaran su tiempo en analizar los pro y los contra del proyecto.
Tras la declaratoria de desierta, las autoridades manifestaron que se analizaría una nueva licitación, como manda la Ley LACAP, o un asocio público privado. Sin embargo hasta la fecha no se ha divulgado ni siquiera una segunda licitación ni cuándo podría abrirse a concurso público.
Ese mismo hermetismo se maneja en torno a la ampliación del Aeropuerto que no tiene una fuente de financiamiento, motivo por el cual hasta el Gobierno de EE.UU. retiró el apoyo y asesoría que otorgaba desde la anterior administración.
Vanegas tampoco ha informado sobre una serie de despidos que se han suscitado desde su llegada a la autónoma y que, suman a la fecha, más de 50 empleados destituidos de sus cargos, sobre todo las cabezas de las gerencias de sus empresas.