SANTIAGO DE CHILE. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, consideró hoy “un hecho de máxima gravedad” un cartel formado por dos empresas que durante once años se repartieron el mercado y acordaron los precios del papel higiénico, servilletas, papel absorbente y otros productos.
Bachelet recordó, durante una actividad pública, otros casos similares, como la colusión de las farmacias y la de los pollos, subrayando que son situaciones “que perjudican a las personas, fijando precios más caros que atentan contra la libre competencia y afecta al bolsillo de las familias”.
La mandataria se comprometió a “empujar con fuerza” un proyecto de ley que endurece hasta con penas de cárcel las sanciones para este tipo de conductas, que actualmente se tramita en la Cámara de Diputados.
“Vamos a empujar con fuerza este proyecto porque la colusión es una forma de abuso”, sostuvo la mandataria chilena, para quien estos casos perjudican la imagen del país.
Fijaron precios durante 11 años
En la actualidad estos delitos se castigan con leves penas, generalmente pecuniarias, como ocurrirá en el caso del papel higiénico, en el que las empresas involucradas se denunciaron a sí mismas, acogiéndose a un mecanismo de delación compensada.
Este miércoles la Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó haber denunciado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a CMPC Tissue, una división de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y a SCA, llamada antiguamente Pisa, por haber creado y participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de sus productos.
Según la FNE, ambas empresas ejecutaron acuerdos para mantener operativo el cartel desde el año 2000 hasta diciembre de 2011, afectado al mercado nacional de comercialización mayorista de papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales en el canal de venta masivo.
Ambas firmas representan cerca del 90 % del mercado de papeles tissue en Chile, con ventas anuales por unos 400 millones de dólares, pero el castigo más probable que tendrán es una multa de unos 15,5 millones de dólares.
El caso ha merecido la condena unánime del gobierno, sectores políticos y hasta de las organizaciones y líderes empresariales, como Herman Von Mühlenbrock, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que agrupa a los industriales manufactureros, que lo calificó de “incómodo y doloroso”.
“Lo que ha pasado me genera un nivel de frustración en lo personal muy grande”, dijo el dirigente al ser preguntado mientras participaba en un seminario sobre transparencia.
“Nos produce una amargura muy grande”, comentó por su parte Alberto Salas, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la principal patronal del país, presente también en ese seminario.
“Y por eso manifestamos nuestro profundo rechazo y total condena a un hecho que va contra la libre competencia, que es la esencia que nosotros tenemos los empresarios para poder emprender”, añadió. EFE