Este sector se ha visto golpeado por obstáculos en el país especialmente por un proyecto de ley especial que obliga a las empresas de telecomunicaciones a bloquear la señal en centros penales, el cual establece que empresas podrán ser multadas con cinco mil salarios mínimos en el caso de no cumplir con la normativa.
Para el director de la empresa, “el Gobierno no ha querido entender el problema” y simplemente ha dejado en manos de las telecomunicaciones solventar el agravio. Más allá de eso, Abellán considera que esto lanza un mensaje negativo hacia estas empresas, ya que las hace ver que son aliadas de criminales y eso solo afecta la imagen de las compañías y “confunde a la gente”.
De igual manera se ha hablado sobre una propuesta de impuesto del Gobierno que establece que los salvadoreños paguen una “contribución especial” del 10% sobre la facturación de su consumo telefónico por mes con el objetivo de financiar la seguridad ciudadana y convivencia.
Estos dos factores han preocupado a muchas empresas que consideran que la inversión y número de clientes podría disminuir en el caso de implementarse este último tributo. Más allá de eso, la preocupación que miran está en la inversión.
Abellán explicó que el objetivo de la empresa es continuar invirtiendo más y avanzando en el campo de la tecnología, especialmente cuando El Salvador es el único que no ha caminado al mismo ritmo que la región.
El problema más allá de eso es que la penetración de telefonía en el país es bastante alta, pero el acceso que los usuarios tienen a redes es bajo. De acuerdo con datos de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), sólo el 48% de la población en la nación tiene acceso a internet, siendo de esta forma el país con menor acceso.
Con 4.4 millones de usuarios de telefonía móvil en El Salvador, el uso de un teléfono celular ya llegó a formar parte de la “canasta básica de consumo”, siendo una industria que aporta entre el 8% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
Es por esto que propuestas de impuesto o leyes que obligan a limitar sus servicios son contraproducentes para el desarrollo del sector en el país.
El sector de telecomunicaciones es uno de los más competitivos en El Salvador, puesto que existen una gran variedad empresas ofreciendo sus servicios; pero este tipo de obstáculos frenan la competencia en general.