Si la propuesta de pensiones mixtas del ministro Carlos Cáceres se aprobara, tal cual la presentó, un 55% de los afiliados que cotizan actualmente a las AFP pasarían a cotizar con el Gobierno.
De acuerdo con las últimas cifras de la Superintendencia del Sistema Financiero, a junio de 2015, hay 374,934 cotizantes cuyo salario base no supera los $457, por lo que serían candidatos para regresar al sistema público, que reveló Cáceres la semana pasada.
La propuesta, que ya fue presentada a los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, indica que si una persona gana menos de $484 (dos salarios mínimos) éste tendrá que cotizar el 14% de su salario en el sistema público. Ese dinero irá a un fondo común administrado por el Estado y cuando el trabajador cumpla sus requisitos de jubilación, recibirá una pensión fija.
El plan también dice que el beneficio que recibiría el trabajador sería una pensión fija vitalicia (para todo lo que le reste de vida al empleado), que equivaldría a una pensión mínima, que por ahora es de $207.
Las personas que ganen más de dos salarios mínimos, también tendrían que cotizar con el Gobierno, pero de forma paralela, tendrían que hacer un aporte para las AFP.
Las estadísticas de las SSF indican que a junio de este año el número de cotizantes con un salario superior a los $457 era de 301,932.
Estos trabajadores tendrían que cotizar $484 con el Gobierno y el resto lo cotizarían con la AFP.
La justificación de Hacienda para este cambio es que el sistema de pensiones actual “está produciendo un deteriorio acelerado en las finanzas públicas”, pues, la gran mayoría no logra cotizar los 25 años exigidos por ley y cuando su dinero ahorrado se acaba, el Gobierno debe compensarle con una pensión mínima por la que no recibe ningún ingreso.
Según la propuesta, este pago de la pensión mínima le genera al Gobierno un gasto por $6,346.18 más otro gasto por $7,731.49 que tiene que cancelar por beneficios subsidiados al nuevo sistema privado, que dependen de una serie de cambios legales que se hicieron desde 1998 a la fecha. “Las contribuciones que se realicen al pilar de reparto (sistema público) permitirán financiar parte de las obligaciones del Estado con los actuales pensionados, lo cual contribuirá de manera positiva a la sostenibilidad fiscal”, manifiesta el documento.
Además Hacienda asegura que el sistema actual no es equitativo pues los beneficios otorgados dependen de la generación a la que pertenece. Así, por ejemplo, solo el 11% de los afiliados jubilados recibe entre el 67 y 68% de su salario (tasa de reemplazo); mientras que el 82% de dichos afiliados recibe entre el 43 y 44% de su salario.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones aseguran que esta tasa de reemplazo es muy baja porque el dinero no ha aumentado a través de la rentabilidad, debido a una baja tasa de interés que el Gobierno ha pagado por usar el dinero ahorrado.
Las administradoras previsionales aseguran que desde 2006, cuando el Gobierno los obligó a prestarles el dinero para financiar al sistema público del ISSS y el INPEP, los trabajadores han perdido unos $1,000 millones que pudieron haber aumentado sus ahorros en cuentas individuales.
En su propuesta, el Ministerio de Hacienda también expone que el país tiene un bajo nivel de cobertura, pues solo el 23.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) está incluida en un sistema previsional, mientras que el resto no cotiza regularmente. “Existe una diversidad de segmentos de la población que no han podido ser incluidos en el mismo”, señala la presentación que se les hizo a los diputados.
Sin embargo, tanques de pensamiento como FundaUngo y Fusades aseguran que el meollo de este problema está en una baja actividad económica que no genera empleos formales como para que los trabajadores puedan cotizar.
Estimaciones de organismos internacionales indican que en el país el 50% de las personas trabaja en la informalidad, por lo que no cotizan a ningún sistema de pensiones.
La propuesta de Hacienda también refiere a un sistema “solidario no-contributivo”, que incorpora el Sistema Previsional de la Pensión Básica Universal, que por ahora entrega $50 mensuales a 32 mil adultos mayores de 70 años que nunca cotizaron a un sistema previsional. Hasta junio de este año, el Gobierno había destinado un total de $24 millones para esta ayuda.
La propuesta de Hacienda es entregar ese dinero a 100 mil personas.
Para representantes de Asafondos, las propuestas que plantea el Gobierno se están enfocando solo en el tema fiscal y no toma en cuenta otros aspectos importantes para que el sistema previsional funcione: aumentar los empleos, mejorar la inversión de los fondos y la actividad económica para que mejore la recaudación fiscal, etc.
Las AFP y los tanques de pensamiento han propuesto que la reforma de pensiones sea integral, y que abarque las proyecciones de vida de los salvadoreños así como el crecimiento económico del país, lo que garantizaría una mejor pensión para los trabajadores.