“Eso es un hurto. Quieren estatizar las pensiones, así como lo dijo el presidente Sánchez Cerén cuando era candidato”.
Así se manifestó ayer el presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Ricardo Soriano, cuando se le consultó sobre el proyecto de reforma del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que pretende reabrir un sistema de pensiones público de forma paralela al sistema privado.
Según el dirigente de las principales centrales sindicales del país, la mayoría de los trabajadores del sector construcción, maquila y comercio ganan un salario inferior a los $484 dólares, por lo que una gran mayoría de los trabajadores dejarían de cotizar en una AFP, y tendrían que entregarle su dinero al Gobierno obligatoriamente.
“El Gobierno quiere agarrar ese dinero y ya no pagarle intereses a los trabajadores”, dijo Soriano.
Un borrador de esta propuesta que Cáceres le presentó a los diputados dice expresamente que: “todos los afiliados activos del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) participarán en el sistema mixto”. En él se incluyen los cotizantes obligados y los optados, y se derogarían los beneficios del decreto legislativo 100, que otorgó una pensión vitalicia a 130 mil personas durante la gestión del ex presidente Antonio Saca.
El documento propone que todos los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos ($484) tendrán que cotizar, con el 14% de su sueldo, en el sistema público y que los que ganan más de esa cantidad, tendrán que cotizar con el sector público y a la vez con el esquema privado.
La propuesta de Cáceres señala que ese dinero que ahora está en las AFP, guardado en cuentas individuales, como un ahorro de los trabajadores en cualquier cuenta bancaria, será trasladado a un sistema de reparto, a través de un traspaso de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Por ejemplo, los que ganan dos salarios mínimos ($484) o menos tendrían que entregar al Gobierno el 100% de su dinero ahorrado en las AFP; pero, quienes ganan cuatro salarios mínimos, entregarían el 50% de sus ahorros al Gobierno, una concesión que ha provocado una serie de demandas de inconstitucionalidad en casos similares como en Argentina, donde se estatizaron las pensiones.
Soriano cree que la propuesta de Cáceres solo busca resolver el problema fiscal del país, pero no toma en cuenta otros aspectos que podrían mejorar las pensiones de los salvadoreños.
“Rechazamos rotundamente esta propuesta. Ellos lo que están buscando es un salvavidas para tener dinero ahora, pero van afectar a los trabajadores después”, reiteró el líder sindical, quien además, pidió la renuncia del ministro Cáceres.
“Le pedimos categóricamente al ministro Cáceres que renuncie y que deje este tema en manos de personas técnicas y no políticas”, reiteró.
Según Soriano, si se regresa a un sistema de reparto, el Gobierno se tomaría ese dinero hoy bajo la promesa de que le pagará a los salvadoreños mañana, pero sin ningún respaldo financiero pues éste iría a parar a un fondo común, sin ningún dueño más que el Gobierno.
Actualmente en las AFP, los trabajadores son dueños de su dinero. Cada empleado tiene una cuenta personal en la que ahorra su dinero, que aumenta en la medida que éste se invierte y gana intereses.
No hay nada firme
Actualmente, el plan de Cáceres es solo una propuesta que aún no goza del consenso del resto de funcionarios del gabinete económico, quienes según sus declaraciones, prefieren esperar a que esté terminado un estudio actuarial que le encargaron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que todavía no ha terminado.
El plan tampoco se ha tomado como un hecho entre los economistas y las AFP, pues el secretario técnico de la Presidencia ha ofrecido un diálogo abierto del tema, enfocado en aspectos técnicos y no políticos.
La propuesta de Cáceres no solo ha sido rechazada por economistas salvadoreños, quienes la consideran una solución puramente fiscal, sino también por representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que en 2013 rechazaron la propuesta del Gobierno de comprar el ahorro de 13 mil pensionados. “El personal (del FMI) advirtió fuertemente sobre esta operación, haciendo hincapié en que éste no resolvería los desequilibrios del sistema de pensiones porque la diferencia entre los beneficios y las contribuciones no se reducirían, haciendo menos transparentes las cuentas pasivas (cotizaciones actuales) que en el presente”, indicó.
El centro de pensamiento FundaUngo señaló, en un comunicado, que el sistema mixto que propone Cáceres no resolverá por sí solo el problema del sistema de pensiones, pues este no debe contemplar únicamente el enfoque fiscal, sino también un enfoque social que abarque el crecimiento económico, la oferta laboral y la densidad demográfica.
Soriano lidera el movimiento que ha logrado que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la tasa de interés que el Gobierno paga a los cotizantes por prestarle sus ahorros, con los que se pagan las pensiones del sistema público (ISSS e INPEP). “Ese tema también lo han dejado de lado. Aunque la Corte les dijo que tienen que cambiar la tasa de interés, ya se pasó el año completo y los diputados no aprueban una tasa de mercado para que tengamos una mejor rentabilidad”, apuntó.