Si el Gobierno asumiera la administración de una parte de los fondos de pensiones de los salvadoreños, tal como lo pretende el plan del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el déficit por año que tendría que asumir por cada trabajador que gana menos de dos salarios mínimos ($484) rondaría entre los $1,798 y $2,130 por persona.
Así lo ha calculado el analista económico Rafael Lemus, después de contrastar los ahorros de las cotizaciones de un trabajador durante un año con respecto a lo que el Estado tendría que pagarle por una pensión mínima.
Tras el cálculo, Lemus determinó que si una persona gana dos salarios mínimos ($484) y se le descuenta el 14 % (sin las comisiones de su cotización) equivalente a $57.1, al año habrá ahorrado un total de $685.34. Sin embargo, la promesa del Gobierno al jubilarse es un pago mensual de $207 (pensión mínima actual) que al multiplicarla por doce meses, suma un monto de $2,484. Eso significa que el Gobierno no recibiría un total de $1,798.66 por esa persona. Lemus hace el mismo análisis con otros tres diferentes rangos salariales que elevan el déficit personal a más de $2,130.
Para el analista económico, es evidente que regresar parcialmente al sistema de pensiones público o de reparto le obligaría al Gobierno a erogar mucho más dinero del que recibiría por cada trabajador.
“Entre menos gana un ciudadano y la cotización se reduce es mayor el compromiso del Gobierno y el déficit para cumplir con su obligación aumentaría”, aseguró.
El análisis del Gobierno contrasta con la urgencia del Ministro de Hacienda de redireccionar los flujos de las cotizaciones de unos 374,934 cotizantes que ganan menos o igual de $484 y representan casi el 55 % del total de cotizantes en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Según el argumento de Cáceres, el Gobierno no percibe actualmente ninguna cotización, pero por el contrario sí está obligado a pagar una pensión mínima al trabajador en caso de que a éste no le alcance su dinero ahorrado en la AFP.
De igual forma, su argumento ha sido criticado duramente por otros economistas que consideran que el Gobierno solo quiere obtener dinero rápido para resolver problemas fiscales, sin contar con que el regreso a un sistema público o de reparto implicaría reabrir la deuda del Gobierno.
El analista económico y ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Mauricio Choussy, aseguró la semana pasada en una entrevista televisiva que esperaría que el Plan Cáceres no sea una “jugada contable”, con la que pueda reducir el porcentaje de la deuda total de país (59 % del PIB) para seguir endeudándose más adelante.
“Una reforma de pensiones no puede ser únicamente para resolver un problema contable que les permita endeudarse irresponsablemente como hasta ahora lo han estado haciendo”, dijo el analista.
El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino, lo dijo el lunes: el sistema mixto no resuelve el problema de pensiones y por el contrario, genera de nuevo una deuda.
Ya en otra oportunidad Asafondos ha reiterado que fue el sistema de pensiones público (ISSS e INPEP) el que generó una millonaria deuda que a la fecha suma más de $21 mil millones que el Gobierno no puede pagar.
En el sistema público, las cotizaciones de los trabajadores eran insuficientes para cubrir las pensiones que se otorgaban.
Tras la reforma de pensiones en 1998 la deuda que se estaba creando se cortó, pero el Estado mantuvo su obligación de pagar las pensiones. Sin embargo, las reservas de estas instituciones se agotaron en 2002, por lo que el Gobierno promovió más reformas para lograr financiar el déficit.
Este lunes, en una entrevista radial, Novellino recordó que el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo en su última visita al país que lo ideal sería que el Gobierno financiara su deuda actual de pensiones del ISSS y el INPEP separado de las cuentas de las AFP y que no involucrara a unos con otros, para no afectar a los actuales cotizantes.
A pesar de esto, la propuesta de Cáceres es que un 55 % de los cotizantes actuales de las AFP se pasen, obligadamente, a un sistema de pensiones público y que ese dinero que tienen ahorrado en la entidad privada, bajo su nombre, se traslade a una cuenta administrada por el Gobierno.
El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, ha desmentido que la propuesta de Cáceres esté aprobada, pero sí reconoció que el Gobierno no tiene los fondos suficientes para pagar las pensiones mínimas.
El tema sigue en estudio. Lorenzana dijo que hay un equipo técnico y uno jurídico que está analizando si el sistema mixto es viable. De acuerdo con el funcionario, también se están considerando otras medidas adicionales para complementar la reforma.