Derechos constitucionales como el derecho a la propiedad, derechos adquiridos y el principio de igualdad podrían verse afectados con el proyecto de reforma de pensiones, propuesto por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
El Plan Cáceres establece que quienes ganen menos de $484 pasarían al sistema de reparto propuesto, y se quedarían solo con la pensión básica de $207 que proporciona el Estado; y aquellos con salarios de más de $484 podrán dar un ahorro adicional a las AFP y tendrían pensión de parte del Estado y de la AFP.
El abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, considera que es complicado opinar sobre el tema si no se conoce por completo la propuesta, pero dependiendo de como lo plantee el Gobierno pueden darse violaciones a los derechos de los cotizantes.
“Si ellos garantizan que aunque pase al gobierno le van a mantener el mismo porcentaje de pensión que tienen con el decreto 100, por ejemplo, podría ser que esa no sea agravante, pero no lo sabemos”, afirmó Bertrand.
Agrega que tampoco se ha aclarado si las cuentas individuales que tienen los trabajadores actualmente con las AFP pasarían al Gobierno siempre como cuentas individuales, tampoco se sabe si se irán al Fondo General de la Nación o si va a ir a un fondo especial que será administrado por el Estado, entre otros detalles que se desconocen.
“Lo que sí es cierto, es que si van a un Fondo General (de la Nación) o a un fondo de reparto, dependiendo como lo maneje el Gobierno, estaríamos frente a una expropiación o una confiscación”, señala.
Cita como ejemplo que si el Gobierno no le va a entregar a los propietarios de las cuentas en las AFP un bono que le sirva como indemnización de sus depósito, ya no sería expropiación.
“Si no se va a hacer eso y lo que se va a hacer es simplemente otorgarle la promesa de un derecho, eso podría llegar a configurar una confiscación”, dijo el profesional.
Enfatizó que al pasar las cuentas individuales de los cotizantes para hacer un solo fondo, el ciudadano pierde los derechos adquiridos por los trabajadores, a través del contrato que había firmado con las AFP.
“Eso lo que quiere decir es que su dinero ya no va a estar respaldado por un contrato, si no que va a ser un derecho que el Estado le va a cubrir cuando le toque”, declaró.
El también abogado constitucionalista, René Hernández Valiente, opina que el proyecto del ministro de Hacienda tiene un trasfondo y que lo correcto sería que la ciudadanía se oponga a una “desmejora del sistema de cotizaciones previsionales”.
“Los cotizantes no pueden permitir que se les desmejore su condición actual y si el 70 % de los cotizantes actuales está en los niveles bajos, que es con lo que el Gobierno se quiere quedar, obviamente el sistema de las AFP podría ponerse en riesgo, en cuanto a que la cartera que ha sido suficientemente sana, pueda perder a los cotizantes”, asegura Hernández Valiente.
Según el profesional la rentabilidad de los cotizantes ya bajó con el Fideicomiso Previsional y, con el proyecto propuesto por Hacienda, podría bajar el valor neto de las cotizaciones, es decir del ahorro de los trabajadores de más bajos recursos.
“A los de más bajos ingresos es a los que estaría golpeando y finalmente en ningún lugar del mundo ha triunfado el sistema previsional público, todos han fracasado”, señaló el constitucionalista.
En cuanto al principio de igualdad, afirma que es un desarrollo que hay que tratar iguales a los iguales y desigualmente a los desiguales y con la propuesta de Cáceres, se está violando dicho principio.
Según Hernández Valiente, no están tratando igual al que gana más, que lo dejan en el sistema privado, y al que gana poco se le castiga llevándolo al sector gubernamental, ahí está imponiéndole el uso de su propio dinero, ahí no hay igualdad”, concluyó.
