Los habitantes de San Salvador amanecieron sorprendidos con las noticias del 27 de julio: “Desconocidos que se conducían en una motocicleta lanzaron un explosivo en la entrada del Hotel Sheraton Presidente, en la zona Rosa de San Salvador.” Un mes después, el 29 de agosto, otro incidente similar:_“El ministro de Defensa confirmó hoy el hallazgo de un coche bomba en el Centro de Gobierno”. Y también el 11 de septiembre, el acto se repite y se consuma: “Un coche bomba explotó frente al Ministerio de Hacienda este jueves, informó la Policía Nacional Civil”. Los tres atentados datan de 2015 y no de 1979, época del conflicto bélico en El Salvador, como pareciera haber ocurrido.
A las explosiones y conatos mencionados le preceden actos análogos a los de 1979 – 1988, como las extorsiones a negocios y a civiles perpetrados por pandilleros y delincuentes, lacra que la Sala de lo Constitucional ha tipificado como terroristas. Para las empresas, el costo del terrorismo en El Salvador se eleva a los 18 millones de dólares anuales, en pagos de extorsiones, según el sondeo de “Empresas y Hogares” que efectúa la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
El delito más reportado por las empresas sondeadas es la extorsión, con una tendencia creciente de 12% sólo durante el cuarto trimestre de 2014. El 6 y 7% de las grandes y medianas empresas reporta ser extorsionadas, mientras el mismo flagelo golpea a las pequeñas y micro empresas en un 22 y 23%, respectivamente, siendo las más afectadas.
Hace dos años, el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa (Conapes) denunció que de los 11,730 pequeños empresarios que conforman la gremial, el 70% eran extorsionados por bandas delincuenciales y de pandilleros.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que las pandillas o maras deben ser consideradas grupos terroristas, así como cualquier organización criminal que atente, atemorice o pongan en peligro los derechos de la población, “independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole”, reza la sentencia.
A partir de esta nueva condición, no sólo debería cambiar la forma y las políticas de seguridad del Estado para combatir este nuevo episodio de terrorismo en el país, sino de aumentar la demanda por la contratación de seguros para protegerse de este tipo de riesgo, entre la población, el sector productivo y hasta el mismo Gobierno.
La experiencia colombiana
Después de los atentados contra las torres gemelas en Nueva York, en 2001, la cobertura de los seguros se redujo a la mitad y el costo subió 50% más en Colombia. Para 2003, el amparo cayó al 10% y la prima se multiplicó por tres, según reportes de los periódicos de dicho país.
Por cada coche bomba que estalla en Colombia, las re aseguradoras revisan las cláusulas de los contratos.
Cuando las FARC atentaron en 2003 en Bogotá contra el club social “El Nogal”, con un coche bomba cargado con 200 kilogramos de explosivos, los sectores económicos que posteriormente tuvieron problemas para conseguir coberturas de seguros, por ser los más vulnerables, fueron las empresas grandes o emblemáticas, los centros comerciales y las entidades públicas, según reportes del periódico “El Tiempo”.
A partir de entonces, las empresas buscaron la asesoría de la policía para prevenir o detectar a tiempo riesgos terroristas e invirtieron en el alquiler de perros anti explosivos, servicio cotizado en casi 2,000 dólares mensuales, tarifa preferible a comprar uno también entrenado, valorado en 68,000 dólares (20 millones de pesos).
La cobertura estadounidense
En Estados Unidos, el Gobierno de Barack Obama solicitó en febrero 2015 ampliar de $100 a $200 millones la cobertura de pérdidas del programa federal que apoya al mercado de seguros privados contra ataques terroristas.
El gobierno asume la mayor parte de las pérdidas en caso de ataques de grandes proporciones, iniciativa que garantiza que las aseguradoras emitan las pólizas respectivas y las empresas queden cubiertas.
Según un comunicado de la Casa Blanca, emitido en noviembre de 2002, tras los ataques a las torres gemelas se cancelaron $15,000 millones en transacciones de bienes y raíces, debido a que ninguna aseguradora quiso amparar a los inversionistas de la construcción y conexos.
El Presidente George Bush promulgó la Ley de Seguro contra Riesgo de Terrorismo para activar la cobertura de seguros de este tipo. “Hoy, con el seguro contra terrorismo, estamos defendiendo a los Estados Unidos al hacer que nuestra economía esté más protegida”, señaló Bush en ese entonces.
Riesgos que matan
Cuando en El Salvador se descubrió un coche bomba aledaño a las instalaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una nueva alerta para advertir a sus ciudadanos que en este país se ha incrementado el riesgo y la intensidad de violencia.
“Cuando un grupo le disputa al Estado el control territorial y actúa en forma paralela a las leyes del país para tener la potestad de extorsionar, eso encaja en terrorismo”, enfatizó Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una charla con empresarios.
Para juristas como González, el terrorismo es un crimen transnacional y no se puede combatir a solas como país, sino activarse los protocolos internacionales desde el momento en que un Estado determina acciones terroristas.
En palabras del mercado de seguros, El Salvador se enfrenta a un riesgo que mata y esa nueva condición se llama terrorismo.
Napoleón Montes, Vicepresidente de Hiscox, compañía internacional de seguros especializados, con presencia en 14 países y cotizaciones en la Bolsa de Londres, estima que el mercado mundial de las pólizas de seguros contra terrorismo supera los $600 millones.
Este mercado, dijo, creció a partir de los atentados en Nueva York, aunque en El Salvador, después de la firma de los Acuerdos de Paz, la participación de mercado es menos del 1% del total de primaje, ya que dejó de existir la necesidad de coberturas por sabotaje y terrorismo.
A raíz de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la necesidad de coberturas resurge y se prevé que la demanda aumente la participación de mercado entre un 3 y 5%, en los próximos cinco años, estimó.
Actualmente, las pólizas de incendio incluyen afectación por huelga, daño malicioso y convulsión civil. Se visualiza que las empresas adquieran los anexos de pólizas para protegerse del terrorismo, explicó.
Los sectores que deberían considerarlas deberían ser hoteles, centros comerciales, restaurantes y todo lo que tenga exposición al público.
Luís Figueroa, gerente comercial de ACSA, una de las principales aseguradoras a nivel nacional, considera que el país está frente al surgimiento de una mayor demanda de seguros con cobertura de daños por terrorismo, debido a que la necesidad es mayor que hace 20 años.
Para el cierre de 2015, esta compañía prevé un crecimiento de 8% en sus líneas de cobertura y pasaría de $75 millones que percibió en primas netas durante 2014, a $81 millones, este año.
Las primas de seguros suscritas a septiembre de 2014 en Centroamérica suman $2.216 millones, de los cuales, El Salvador abarca $404 millones, según Ficth Ratings. Ante la nueva necesidad, el mercado de coberturas por terrorismo se prevé como negocio prometedor.