La quiebra. Ese es el resultado que espera al sistema de pensiones si se implementa la reforma propuesta por el ministro de hacienda, según opinó una líder sindical. Para ella uno de los aspectos más críticos del plan Cáceres, es que borra una deuda que el Estado ya tiene con los trabajadores.
“Nosotros estamos totalmente en contra porque ese dinero va a entrar directamente al presupuesto general de la nación y entonces a la larga lo que va a venir a hacer es a quebrar los dos sistemas”, expresó la secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), Sarahi Molina.
En opinión de la líder sindical, la quiebra del sistema privado y el público ocurriría porque se elimina una deuda que actualmente el Estado tiene con los cotizantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“De un plumazo se están volando la deuda que el Estado tiene con los trabajadores. Los más de 4 mil millones que el Estado adeuda a los cotizantes ¿dónde quedan?”, expresó Molina.
Con ello se refirió a los $4,776 millones que el Estado ya sacó de los ahorros de las AFP para pagar a los jubilados del sistema anterior su pensión mensual.
De acuerdo con la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) de cada $100 que los trabajadores han cotizado, $56 ya los usó el Gobierno y tendrá que pagarlos eventualmente. Más de la mitad de todos los ahorros.
La preocupación es que confiscar los ahorros y pasarlos a un fondo estatal esa deuda no sea pagada. Uno de los dos sistemas (o ambos) se quedarían sin fondos.
Falta visión integral
Sarahí Molina además criticó que el enfoque del plan Cáceres solo busca resolver problemas de efectivo en el Gobierno.
“Aquí se trata de la pensión de todos los salvadoreños, no una inversión para el Gobierno. Todos tenemos que opinar… (para que) saquemos el mejor sistema para los salvadoreños, no una imposición de parte del gobierno y de los organismos internacionales”, señaló.
Según la secretaria general de Musyges, el plan Cáceres ignora la baja cobertura que tiene el sistema actual y las pocas ganancias que consiguen los trabajadores con sus ahorros.
“Los trabajadores informales o por cuenta propia esos no cotizan. Deben buscarse mecanismos legales para ampliar cobertura y que esta gente cotice para su vejez”, comentó.
Dijo además que el sistema de AFP tiene suficientes ahorros para ser sostenible. “El problema se da por los Certificados de Inversión Previsional, porque nos están pagando un promedio de 1 %”, expresó. Los certificados, también conocidos como CIP, son los papeles que usa el Estado para tomar prestados los ahorros de los trabajadores.
Molina añadió que los trabajadores buscan que se mejore el sistema de AFP. “Queremos que la tasas de reemplazo sean mayores, y van a ser mayores en tanto que el Fondo de Pensiones tenga rentabilidad grande. Esa rentabilidad no pasa por invertir en CIP”, recalcó.
Gobierno cerrado al diálogo con trabajadores
No es solo Musyges quien rechaza el plan Cáceres. De acuerdo con Molina, los miembros del Consejo de Relaciones Laborales están en desacuerdo con la propuesta ya que no fue consultada con ellos en ningún momento.
Dicho consejo aglutina al 90% de las organizaciones sindicales y fue creado a principios de este año a petición del presidente de la república. El principal objetivo era que este sector pueda hacer recomendaciones al mandatario sobre temas que afectan a los trabajadores.
Molina dijo que el secretario de transparencia, Marcos Rodríguez, y el viceministro de hacienda se comprometieron a compartir con los sindicatos la propuesta de pensiones, pero hasta el momento no han debatido la iniciativa en el Consejo.
“Eso lo que implica es que el gobierno no está interesado en dialogar con los trabajadores pero nosotros sí, como parte de la sociedad civil, estamos interesados en conocer la propuesta y que el diálogo sea efectivo”, sentenció.
Debate
La representante de Musyges aclaró además que la Asamblea Legislativa no es el lugar indicado para que se produzca el diálogo respecto a la reforma de pensiones.
Previo al proceso para aprobar la reforma, Molina opinó que debe existir un debate entre todos los sectores donde se presenten iniciativas de cada uno y se analicen las ventajas y desventajas.
El diálogo debería incluir a los órganos del Estado, al sector empresarial, organizaciones de jubilados, organizaciones de pensamiento y universidades.
Sarahí Molina concluyó haciendo un llamado “a los diputados de la asamblea que no vayan a atreverse a tocar el sistema de pensiones solo porque tienen los votos. Están obligados a corresponder a los ciudadanos que votaron por ellos haciendo un diálogo por este tema”.