La nueva versión del Plan Cáceres, avalada por el Gobierno del Fmln, abre la puerta para que miles de salvadoreños, a quienes se les aseguró que recibirían el 63 % de su salario como pensión, el día de mañana pierdan ese beneficio y reciban solo la pensión mínima (actualmente de $207.6).
Este cambio afectaría a quienes siguen trabajando y a quienes ya están jubilados.
La versión 2 del plan gubernamental introduce una contradicción con el primer borrador. Mientras el documento filtrado en agosto dice que los jubilados no sufrirían ningún cambio en su pensión, el de septiembre añade que los pensionados, sin excepción, pasarían a recibir la pensión mínima.
“En el caso de los Pasivos del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP o jubilados del sistema privado) una parte serán pagadas por recursos propios y al acabarse se le pagará la pensión mínima con fondos públicos”, señala una frase en la página 42 del nuevo documento.
La misma lámina dice que se anularán los decretos legislativos 100 y 1217, los cuales otorgaban beneficios a un sector de la población que eligió cambiarse del sistema público al privado (AFP).
Con esta gente el Gobierno se comprometió en 2003 a pagarles como pensión el 63 % de su salario, una vez se terminaran sus ahorros del sistema privado.
Ya que estas personas fueron las primeras en afiliarse a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), juntaron pocos ahorros y estos generaron una menor ganancia. Los decretos les permitieron elevar su pensión al 63 % de su salario y el Estado pondría el dinero que hiciera falta.
El nuevo plan del Gobierno, elimina este beneficio y de un plumazo baja la pensión mensual de estas personas, dejándolas en menos de $300 en el mejor de los casos.
En el peor, estos salvadoreños tendrían que quedarse solo con los $207 que el Estado otorgará como pensión mínima.
La primera versión del Plan Cáceres destinaba este golpe únicamente para los salvadoreños beneficiados con estos decretos y que no se han jubilado todavía.
La segunda versión, en cambio, abre la posibilidad de que los adultos mayores que ya reciben una pensión de $600 (por ejemplo) al mes siguiente solo obtengan $207.
Es decir, si el ahorro de un trabajador ya se terminó, el nuevo sistema de reparto que estudia el Fmln le bajará la pensión a los trabajadores y le entregará solo $207.
En la actualidad estos decretos le protegen y aseguran que, aunque su dinero se acabe, el Estado le seguirá pagando la misma pensión sin bajar un centavo.
A los jubilados que reciben dicho beneficio, el Plan Cáceres le reducirá sus ingresos que necesita para pagar alimentación, gastos médicos, vivienda y otros.
Un par de escenarios a manera de ejemplo
En el caso de un trabajador que gane $600 y este por jubilarse en un par de años, gracias a estos decretos tiene asegurado que su pensión será del 63% de su salario.
En otras palabras, al retirarse recibirá cada mes $378 como pensión. Además, si sus ahorros de AFP se terminan, el Gobierno le seguirá pagando esa misma cantidad.
Ahora bien, si entra en vigencia el Plan Cáceres, avalado por el Gobierno, los ahorros de los trabajadores afiliados a las AFP serán divididos. El porcentaje que corresponda a las cotizaciones de los primeros $484 de su salario irán al nuevo sistema público. Y, otro porcentaje, correspondiente a los restantes $116 de su salario se quedará en la AFP, generando una pequeña ganancia.
Al retirarse esta persona recibirá los $207 de pensión mínima, más lo que sus reducidos ahorros de AFP le puedan aportar, algo tan poco como $60 mensuales (por ejemplo).
A esa persona que recibiría $378 como pensión, el Plan Cáceres le bajará los beneficios y le entregará solo $267.
Veamos otro ejemplo. Con el mismo cálculo, hecho con un salario de $1,000, la pensión bajaría de $630 a $267, aproximadamente.
Actualmente la pensión que entrega el sistema de AFP representa entre el 30 % y el 40 % de los salarios debido a las restricciones que tiene para invertir los ahorros y generar mayores ganancias. Los Certificados de Inversión Previsional (CIP), que el Estado usa para tomar ese dinero prestado, es uno de esos obstáculos, pues hasta hace poco apenas ganaban el 1.2 % de interés. Desde este año pagan el 3 %.
Los CIP han sido calificados por un representante de las AFP como “ancla” para las ganancias que pueden obtener los trabajadores.
Los decretos 1217 y 100 de alguna manera beneficiaban a un sector de la población, no solo de las bajos ahorros que lograron juntar en la transición de un sistema a otro, sino del daño que inversiones como los CIP han hecho a los ahorros de pensiones.
También te puede interesar:
Historia de los decretos
El decreto 1217 fue emitido en 2003 y el 100 en 2006 como respuesta a demandas y necesidades de los salvadoreños.
Cuando en 1998 se hizo la reforma de pensiones que dio vida a las AFP se dio a 220 mil personas la posibilidad de elegir si se quedaban en el anterior sistema público o pasaban al nuevo.
También te puede interesar:
Critican que plan Cáceres de pensiones es "negocio redondo" para Gobierno
El plan Cáceres de reformar pensiones es un robo, según ANEP
Este grupo de personas tenía entre 36 años y 50 años (las mujeres) o 55 años (los hombres) cuando ocurrió la reforma.
El gobierno se comprometió con las personas que pasaron a una AFP a que les daría Certificados de Traspaso (CT) cuando se jubilaran, los cuales serían equivalentes a todo el dinero que cotizaron en el sistema antiguo (ISSS e INPEP).
Al juntar ese dinero con los ahorros en las AFP, esos trabajadores se encontraron que por haber pasado poco tiempo en el nuevo sistema habían generado pocas ganancias.
Su pensión además era muchísimo menor a la que habrían tenido si se quedaban en el sistema público.
Ante el malestar de la gente, en 2003 el Gobierno y la Asamblea Legislativa emitieron el decreto 1217.
Con ello se crearon los Certificados de Traspaso Complementario (CTC) con los cuales el Estado se compromete a entregar el dinero adicional para elevar la pensión de estas personas al 60 % de su salario.
Posteriormente en 2006 se emitió el decreto 100. Con este se buscó simplificar el esquema de los CT y CTC. En resumen el Gobierno se comprometió a entregar, mes a mes, la pensión del 60 % del salario a estas personas una vez que se terminen su ahorros de AFP. El beneficio se mantendría de por vida para este sector.
En ese mismo año se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) y los Certificados de Inversión Previsional (CIP), con los cuales el Gobierno saca ahorros de las AFP para pagar las pensiones del sistema antiguo y los beneficios de estos decretos.
Varios analistas han criticado que el Plan Cáceres es una violación a los derechos adquiridos de los trabajadores. Estas personas ya trabajaron varios años y cotizaron para ganarse ese beneficio que les ofreció el Gobierno en su momento. El ministro Carlos Cáceres sostuvo esta semana reuniones con políticos, empresarios y organizaciones de desarrollo para sumar sectores que apoyen la propuesta. Sin embargo, el ministro ha marginado a las AFP y a los trabajadores y a sindicatos como el Comité de Trabajadores es Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop). A estos actores ni siquiera los ha llamado a reunión.