Ante los señalamientos que hizo recientemente el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, quien aseguró que las empresas de telefonía se oponían a la disminución de las tarifas sugerida por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), operadores del servicio desmintieron esta mañana las acusaciones del funcionario.
De acuerdo con un comunicado de prensa firmado por las operadoras Telefónica, Tigo, Claro y Digicel, los operadores no han desaprobado ni aprobado las tarifas propuestas.
“Señalamos que el proceso de aprobación de cargos y tarifas máximas no penden de la voluntad o conformidad de las empresas, sino del proceso definido en la normativa creada al efecto”, apuntan.
Según lo manifiestan, de conformidad con la Ley de Telecomunicaciones, la SIGET debe aprobar el pliego de cargos y tarifas máximas el día 1 de octubre de cada año. En consecuencia, a la fecha no han sido notificados de la decisión de la SIGET de aprobar la tan mencionada reducción de cargos y tarifas.
Respecto a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia aseguran que no sólo golpeará a todos los salvadoreños, y muy especialmente a los menos favorecidos, sino que este tipo de impuestos constriñe el desarrollo del sector de las telecomunicaciones e impiden mayores inversiones en nuevas tecnologías y en servicios de última generación.
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Más señalamientos
Las compañías también aclaran que los señalamientos sobre la falta de voluntad en cumplir con la obligación de bloquear la señal de telefonía celular en los centros penales, son falsos, ya que los operadores han colaborado ampliamente dentro de los parámetros de factibilidad técnica, realizando ajustes en la medida en que ha sido requerido por las autoridades de Gobierno.
En este mismo sentido, han expresado, que el tema de la señal no es la solución definitiva sino que forma parte de un trabajo integral en el que además, necesita hacer buen uso de los bloqueadores de señal que ya existen dentro de los centros penales e intensificar el control de la entrada de los dispositivos a estos centros.
Los operadores lamentan que la industria de telecomunicaciones sea señalada y atacada con este tipo de pronunciamientos públicos que lesionan su imagen ante la opinión pública a pesar de ser uno de los gremios que más invierte en el país y contribuye al desarrollo económico, finaliza el comunicado.
