“Impuesto a la seguridad para la telefonía afectará competitividad del país”

Las compañías de telecomunicaciones se encuentran preocupadas con la propuesta de gravar el 10% de la facturación total de todos sus servicios, impulsada  por GANA en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, argumentando necesitar fondos para la seguridad .
Sobre el tema, Sebastián Cabello, director de la oficina del  GSMA en América Latina, explicó que este tipo de propuestas tributarias solo vienen a detener el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en el país. 
El Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) es una organización que representa los intereses de los operadores móviles en todo el mundo. 
Para Cabello este tipo de iniciativas están mal direccionadas, puesto que dicho impuesto tiene como objetivo financiar planes de seguridad, por lo cual considera que no debería ser un tributo para el sector. 
Por su parte, Pablo Bello, secretario general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), considera que al final serán los usuarios  de telefonía los afectados en este caso. 
En El Salvador ya hay una tarifa fija establecida, es decir que, en el caso de que este impuesto entrara en vigencia, las telefonías no podrían incrementar las tarifas o los precios de sus servicios para sus clientes; sin embargo, un tributo del 10% vendría a afectar las futuras inversiones de estas empresas. 
Y si hubiera menos inversiones, las empresas no podrían ofrecer más servicios o incluso no podrán ampliar su cobertura, afectando de esta manera a los usuarios de más escasos recursos, ya que hay mucha gente que no tendría  acceso a muchos servicios por falta de cobertura. 
Cabello indicó que dicho impuesto solo demuestra “la incapacidad (del Gobierno) de ver formas más genuinas para financiar actividades de este tipo”, reiterando que lo único que logrará será “desacelerar un sector que avanza en el país”. 
Adicionalmente, la competitividad salvadoreña en la región latinoamericana se vería amenazada con un nuevo impuesto. 
Cabello explicó, extrañado, que no hay otro país en Latinoamérica que haya aplicado un impuesto como este, que además afecta la imagen de las naciones. 
Actualmente, El Salvador es el cuarto país en toda la región con mayor penetración de usuarios móviles, ya que el 68% de la población posee un teléfono celular, esto es más que otros países como Brasil y México. 
No obstante, gravar a las empresas de telecomunicaciones podría causar un daño colateral sobre este indicador, llevando a que menos personas puedan estar comunicadas. Todo esto significa que el país perdería competitividad, y se estancaría ante el desarrollo de otras naciones en el Istmo. 
El sector de las telecomunicaciones es uno de los más competitivos en El Salvador, y es también uno de los que más crece y se desarrolla, puesto  que no solo ofrece una forma de comunicación, sino que impulsan el crecimiento tecnológico nacional. 
Pese a que se han visto grandes avances en el alcance de usuarios móviles, una debilidad ha sido que no ha habido mucha penetración de internet móvil en el país, y regionalmente se mantiene en una posición baja. 
El Salvador tiene un 48% de su población utilizando internet móvil, a nivel de Latinoamérica este es el segundo país con penetración más baja, siendo Guatemala con 44% el más bajo, y Brasil con 79% el más alto. 
Ahora en día las inversiones de las compañías de telefonía están enfocadas en brindar mayor cobertura en redes, con lo que buscan que más personas tengan acceso a internet móvil. Es aquí en donde Bello y Cabello encuentran el problema de este nuevo tributo, porque amenaza la posibilidad de que ese 48% de la población pueda hacer uso de redes. 
El secretario general de la ASIET, considera que el combate a la delincuencia es responsabilidad de todos los sectores de la población, pero afirma que aplicar un impuesto de seguridad a rubros del sector privado no asegura que habrá menos delincuencia. 
El representantes de la Asociación, advierte que el sector de las telecomunicaciones es el principal aliado para combatir la delincuencia, ya que más comunicación entre personas indica mayor seguridad y confianza en la población. 
“El arma para enfrentar la delincuencia es la comunicación. La telefonía móvil es el poder disponer de una población conectada, comunicada que pueda alertar sobre situaciones irregulares y que pueda apoyarse mutuamente para pensar en momentos delicados”, reiteró Bello.