Carmelo Mesa Lago dijo al FMLN que sistema mixto no era viable

El Gobierno sabe que implementar un sistema mixto de pensiones, como propone el Plan Cáceres, no es sostenible porque las deudas del Estado han crecido demasiado y los derechos de todos los trabajadores son muchos, según afirmó el experto en pensiones internacional, Carmelo Mesa Lago.
La administración del ex presidente Mauricio Funes recibió, en enero de 2014, las  observaciones a un estudio de pensiones realizado por funcionarios salvadoreños un año antes.
En el documento, el consultor Mesa Lago concluyó que, tras casi dos décadas de la reforma que dio vida a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), no es sostenible pasar a un sistema mixto.
En la página 21 de su informe señaló que dividir la cotización de los trabajadores entre un fondo público y uno privado perjudica la tasa de reemplazo (el porcentaje que se recibe como pensión mensual) que entregan las AFP.
En el mismo párrafo Mesa Lago indicó que implementar un sistema mixto hace que el Estado tenga que pagar una pensión mínima a todos los trabajadores, incluso a aquellos que reciben pensiones mayores por las AFP, “lo cual aumentaría el costo fiscal”.
En otras palabras, aunque el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres insiste que su plan reducirá el gasto del Estado, terminará haciéndolo aún más grande.
El consultor reconoce que un sistema mixto quizá habría sido viable en el pasado, pero ya no lo es. “Yo recomendé en 1994 un sistema mixto de dos pilares para El Salvador… pero han transcurrido 20 años y la deuda previsional se ha disparado, lo que constituye un obstáculo”, dijo en el informe.
Dicho documento fue del conocimiento de la administración Funes, incluyendo el ministro Cáceres, quien decidió ignorar las observaciones y continuar con la propuesta.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió al Gobierno, en enero de este año, que toda reforma de pensiones debe evitar usar “parches contables” para mejorar las finanzas del Estado porque no resuelven los problemas estructurales de los trabajadores.
Representantes de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) también han hecho llegar este año al Gobierno sus observaciones sobre el riesgo de abrir un nuevo fondo público de pensiones.