Diecisiete años después de haber entregado la administración de las pensiones a empresas privadas, el Gobierno planea retomar el manejo de una parte de ese dinero, en lo que constituye una medida sin precedentes en América Latina.
Tras la reforma de pensiones que Chile impulsó en 1981, una decena de países del subcontinente también hizo cambios. Algunos de ellos, como El Salvador, giraron del antiguo sistema de reparto hacia uno totalmente privado; otros países introdujeron la participación de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) junto a instituciones del Estado que siguieron captando cotizaciones de los trabajadores, en lo que se conoce en términos generales como “sistema mixto”.
Posteriormente, algunos países como el mismo Chile, hicieron nuevas reformas. Pero lo que ninguno ha hecho es cambiar de un sistema de cuentas de ahorro individuales a uno mixto, según dijo el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (Asafondos), René Novellino.
“No existe una experiencia en la cual ya habiendo partido capitalización se haya establecido un sistema mixto”, señala el vocero de Asafondos.
Al menos ninguno ha pasado de un sistema en el que los trabajadores deben cotizar únicamente a un sistema privado, a otro en donde también tengan que hacerlo por obligación a uno público, administrado por el gobierno.
Países con sistema mixto
En América Latina y el Caribe, diez países han impulsado reformas a sus sistemas de pensiones en las últimas cuatro décadas. Si sumamos a Nicaragua, son once, pero aunque en este país se aprobó una nueva ley de pensiones que crea la figura de las AFP y una superintendencia, estas no han entrado en operaciones.
De los diez países que han reformado sus sistemas de retiro, algunos optaron por uno de capitalización individual, es decir, uno donde cada trabajador aporta a una cuenta de ahorro para pensiones que es de su propiedad individual, en vez de hacerlo a una caja común administrada por el Estado, como sucedía en el viejo sistema de reparto.
Estos países que hicieron una sustitución total del sistema público por uno privado son: Chile, Bolivia, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Argentina. Cabe mencionar que este último es el único país de la región que luego de adoptar un sistema privado, confiscó los ahorros de los trabajadores y retornó a un sistema de reparto (totalmente público).
Los otros tres países latinoamericanos que han reformado sus sistemas de pensiones han optado por el sistema mixto, es decir, uno en el que los trabajadores cotizan de forma obligatoria tanto a instituciones estatales como a administradoras privadas. Este es el caso de Costa Rica, Uruguay y Panamá.
Novellino aclara que si bien en El Salvador hubo trabajadores que después de la reforma de pensiones siguieron cotizando al ISSS y al INPEP, esta situación es transitoria, y terminará cuando se jubile el último de los cotizantes a estas instituciones públicas. A partir de ese momento, todos los trabajadores cotizarán únicamente a las AFP.
¿Cómo financiar los déficits?
El director ejecutivo de Asafondos reconoce que en todos los países que han impulsado reformas de pensiones se han tomado medidas fiscales para hacer frente al pago de obligaciones que el Estado había asumido en el viejo sistema.
Para el caso de Uruguay, que tiene un sistema mixto, se aumentó la tasa de cotización mensual y se elevó el IVA en 7 puntos, medida esta última que la población aprobó en una consulta popular.
Chile, por su parte, redujo los gastos del gobierno y aprovechó la subida de precios de su principal producto de exportación, el cobre, con lo cual acumuló importantes recursos que le permitieron solventar esa deuda previsional. En este momento, Chile es el único país de América Latina que no tiene ya ninguna deuda producto de su viejo sistema de pensiones de reparto.
Al comentar el plan del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para una nueva reforma de pensiones, Novellino dijo que esas medidas no resolverían el problema ni permitirían pagar mejores pensiones a los trabajadores.
Confiscación de ahorros
Cáceres ha delineado los ejes de una reforma según la cual los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos (484 dólares) cotizarán a un sistema de reparto, es decir, administrado por el Gobierno, que se compromete a pagarles una pensión fija cuando cumplan los requisitos establecidos.
Los trabajadores que ganen por encima de ese monto, cotizarán hasta por 484 dólares al Estado, y por encima de esa cantidad a las AFP. En otras palabras, estos trabajadores aportarán tanto al sistema público como al privado. Al jubilarse, estas personas recibirían una pensión fija por parte del Estado, y otra de la AFP que dependerá del monto que hayan acumulado en su cuenta individual más la rentabilidad que este dinero haya ganado a la fecha.
El Gobierno también tomaría el dinero que ya han ahorrado los trabajadores hasta por el umbral de dos salarios mínimos mensuales, el cual ya no estaría a su nombre en una cuenta de ahorro para pensiones, como en la actualidad, sino que pasaría a un fondo común.
El vocero de las AFP sostiene, por el contrario, que la mejor manera en que el Gobierno puede hacer frente a la deuda acumulada por el colapso del ISSS y del INPEP es destinando cada año un fondo para el pago de estas obligaciones. De hecho, esta fue la práctica hasta 2006, cuando el presidente Elías Antonio Saca cambió el mecanismo y creó un fideicomiso que se alimenta de la venta a las AFP de papeles de deuda que el Gobierno emite para obtener dinero prestado.
Novellino añade que algunos puntos de esta reforma previsional también tienen visos de inconstitucionalidad. Por ejemplo, los trabajadores tienen derechos adquiridos con las AFP por el dinero que ahorran en ellas, no está claro si el Gobierno violaría la Constitución si tomara estos recursos sin tomar en cuenta la voluntad de sus propietarios.