Grecia y las instituciones acreedoras cerraron hoy por la mañana el acuerdo para un tercer rescate, un programa que será votado en el Parlamento heleno antes de obtener luz verde en el Eurogrupo y en el que el Gobierno de Atenas ve posibilidades para el crecimiento económico, pese a las medidas de ajuste que conlleva.
La “fumata blanca” se produjo tras una sesión maratoniana de 22 horas entre los ministros griegos de Finanzas, Euclides Tsakalotos, y de Economía, Yorgos Stathakis, y los jefes de misión de las cuatro instituciones: Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
El rescate, en caso de obtener definitivamente la aprobación de los socios de la eurozona, tendrá una vigencia de tres años y un monto de en torno a los 86,000 millones de euros, que servirán en su mayor parte para pagar deudas.
El Gobierno aspira a que el primer desembolso sea de entre 20,000 y 25,000 millones de euros, dinero que se evaporará nada más recibirlo, pues corresponde a los vencimientos de pagos al BCE (3,400 millones), al FMI (1,600 millones) y la devolución del crédito puente de la Unión Europea obtenido en julio por un total de 7,600 millones de euros.
Además, el primer desembolso incluiría 10,000 millones de euros de inyección inmediata para recapitalizar a la banca, todavía bajo el corsé de los controles de capital, lo que ha llevado a un mayor desplome de la economía.
El Gobierno destacó hoy como uno de los puntos más importantes del acuerdo el haber logrado rebajar los objetivos presupuestarios, precisamente para no seguir estrangulando el crecimiento.
Así, el pacto prevé que, en lugar del superávit primario (que excluye el pago de intereses de la deuda) de un 1 % del producto interior bruto (PIB) previsto inicialmente para este año, tan solo será necesario un déficit primario del 0.25 %.
En 2016 se exige un superávit primario del 0.5 %, para 2017 del 1.75 %, y finalmente para 2018 del 3.5 %, el objetivo que se había fijado inicialmente.
Según el Gobierno griego, el hecho de que estos objetivos sean algo más moderados tiene un doble efecto positivo: por un lado, los ajustes podrán ser algo más “suaves” y, por el otro, esto ayudará a que la economía tenga una oportunidad de volver a crecer.
Uno de los puntos más conflictivos durante las negociaciones de los últimos días había sido el tratamiento que debía darse a las carteras de créditos morosos -muchos de ellos hipotecas- que lastran a la banca griega.
Las instituciones optaban por venderlas a fondos especializados (los llamados fondos “buitres”), mientras que el Ejecutivo de Alexis Tsipras quería que fueran a parar a una entidad pública, algo así como un “banco malo”.
El compromiso ha consistido en aplazar el tema a otoño, lo que ha permitido al Gobierno salvar hasta finales de año la moratoria que existe a los desahucios de primeras viviendas.
También en lo que respecta al controvertido fondo de privatizaciones, que en la cumbre de julio hizo retrasar el acuerdo final y al que deberán transferirse activos públicos por un total de 50,000 millones de euros, se ha acordado un modelo con el que el gabinete griego se declara satisfecho.
A falta de conocer los detalles, pues el documento en sí no se ha publicado todavía, el Gobierno ha adelantado que se tratará de un modelo que permita sacar rendimiento a estas propiedades, es decir, que a diferencia del fondo actual de privatizaciones, contemple fórmulas alternativas a la venta, como el alquiler.