Bruselas/Atenas. Grecia y sus acreedores han pactado ajustes duros y rigurosas reformas en el tercer rescate al país en cuestiones tan sensibles como las pensiones, exenciones a agricultores y privatizaciones, pero a la vez persiguen darle al programa una dimensión social.
El memorando de entendimiento que finalizaron ayer Atenas y la cuádriga de instituciones, al que ha tenido acceso Efe, fija las medidas que tendrá que tomar el Gobierno heleno a cambio de hasta 86,000 millones de euros de la eurozona hasta 2018.
El acuerdo incluye un análisis del impacto social, según aseguró hoy la Comisión, si bien no ha sido publicado aún.
El memorando incluye medidas que son importantes para el Gobierno de Alexis Tsipras en cuanto a la justicia social y por ello Atenas adoptará en marzo próximo medidas para apoyar la creación de empleo para 150,000 personas junto con políticas activas de empleo.
Ya este septiembre detallará los preparativos para la introducción de un salario mínimo garantizado a partir de abril de 2016 y también el próximo año preparará un plan de acción educativa.
Además, para fomentar la recuperación y la competitividad, Grecia podrá contar con fondos europeos por 35,000 millones de euros.
No obstante, Grecia tendrá que hacer importantes ajustes de entre el 4 y el 5 % del PIB.
Los acreedores de Grecia exigen al país alcanzar unos superávit primarios del 0.5 % del PIB en 2016, del 1.75 % en 2017 y del 3.5 % en 2018, y ya en octubre Atenas debe legislar medidas estructurales de al menos un 0.75 % del PIB para 2017 y un 0.25 % en 2018.
Si los números son finalmente mejores de lo previsto, deberá transferir al menos un 30 % del sobrante a la cuenta destinada a la reducción de la deuda. Otro 30 % sería utilizado para pagar “obligaciones gubernamentales (financieras) vinculados al pasado”.
Muchas medidas las tendrá que acometer Atenas de manera inmediata como acciones previas y otras sobre todo en otoño.
En la reforma tributaria y la lucha contra el fraude, además de la reforma del IVA ya legislada en julio, Grecia se compromete a no introducir nuevas amnistías o aplazamientos para los pagos a los deudores que no cumplen a tiempo sus obligaciones y publicará una lista de morosos de pagos adeudados durante más de tres meses.
Asimismo, elaborará hasta noviembre un plan integral de lucha contra el fraude fiscal.
Por otro lado, el Gobierno griego tendrá que presentar hasta septiembre un plan para completar el pago de facturas atrasadas, devoluciones tributarias y prestaciones de pensiones.
Afectará pensiones
En lo relativo a las pensiones, el documento establece la eliminación progresiva de la jubilación anticipada, con el objetivo fijarla a los 67 años en 2022, y la identificación y legislación de medidas legislativas que compensen los recortes aplicados en 2012, que el Tribunal Supremo Administrativo declaró anticonstitucionales recientemente.
Para enero del año próximo, se prevé la armonización de las contribuciones por parte de los distintos fondos de pensiones y, a partir de marzo, la eliminación gradual de las ayudas a las pensiones más bajas (EKAS) hasta finales de 2019.
Respecto a los hospitales y la sanidad pública, el texto hace referencia a medidas que persiguen el abaratamiento de costes en los medicamentos para el consumidor y deja a voluntad del Ejecutivo la aplicación de la tasa de cinco euros por visita médica, que en caso de ser descartada deberá ser sustituida por una medida equivalente.
En materia laboral, el preacuerdo establece que a partir de octubre un grupo de expertos independientes revisará la legislación laboral incluyendo los despidos colectivos, la acción sindical y la negociación colectiva para adaptarlas al estándar europeo.
Por otro lado, el texto señala que el Gobierno griego se compromete a continuar con el programa de privatizaciones en curso, que persigue generar unos ingresos anuales (excluyendo las acciones bancarias) de 1,400 millones de euros en 2015, 3,700 millones en 2016 y 1,300 millones en 2017.
El acuerdo prevé la creación de un nuevo fondo de privatizaciones radicado en Grecia y bajo supervisión de las instituciones europeas, que deberá acumular activos por valor de 50,000 millones de euros, la mitad de ellos para la recapitalización de la banca.