Cada año son más los cotizantes del sistema de pensiones que cumplen los requisitos para solicitar su dinero. De acuerdo con el último informe del INPEP, a mayo de este año, el 61.09% de todos sus cotizantes (9,660) ya tienen 55 años (las mujeres) y 60 años (los hombres) para poder retirarse y solicitar su dinero.
Esto representa para el Estado una fuerte presión económica pues a estas alturas el INPEP no tiene reservas con las que pagar esa pensión y a su vez, el número de cotizantes se reduce considerablemente, pues a partir de 1998 todos los trabajadores cotizan a una AFP privada.
Las reservas del INPEPse acabaron en 2002 y desde ese año el Gobierno ha tenido que asumir este costo de diversas maneras.
Los datos del Ministerio de Hacienda estiman que para este año el gasto anual de pensiones será de $510 millones, cuando en años anteriores esta cantidad fue de un promedio de $400 millones.
Este dinero, está saliendo, en su mayoría, del dinero que están ahorrando actualmente unos 676,866 cotizantes del sistema de pensiones privado.
Desde 2006 el Gobierno creó un fideicomiso con el que toma prestado el dinero del sistema privado para pagarle las pensiones del sistema anterior.
Instituciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social y FundaUngo han señalado que el Gobierno debería reducir la emisión de esa deuda e mejorar los ingresos estatales a través un mayor crecimiento económico para hacer frente a los gastos que le corresponden como Estado.
El Gobierno, sin embargo, ha iniciado una evaluación técnica y jurídica para redactar una reforma de pensiones con miras a reducir el gasto que debe hacer en pensiones.
Las alternativas que se han planteado van desde regresar completamente a un sistema de pensiones público, administrado por el Gobierno hasta crear un sistema mixto que combine el sistema público con el sistema privado.
También se ha considerado aumentar los años de cotización y los años de jubilación.