El saldo de la tarjeta de crédito que tiene el Gobierno, para sus gastos “imprevistos”, está comenzando a subir poco a poco, a medida que el Ministerio de Hacienda ha dejado de “abonar” a su cuenta durante siete meses consecutivos, pero sigue gastando significativas cantidades de dinero que aumentan el saldo total de la cuenta.
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el saldo de esta deuda de corto plazo, denominada Letras del Tesoro (Letes), ya es de $516 millones y de acuerdo con economistas, todo parece indicar que el Gobierno usará con más frecuencia esta alternativa financiera en los próximos meses debido a la falta de liquidez que enfrenta, por la baja recaudación de impuestos y los reveses judiciales que le han impedido emitir más deuda o cobrar más impuestos.
Además, con la reducción de la calificación de riesgo que le otorgó la semana pasada la agencia Fitch Ratings, la deuda de largo plazo le resultará más cara en el mercado internacional, según el análisis del economista Claudio de Rosa.
El profesional indica que todas las opciones de financiamiento del Gobierno se le están cerrando cada vez más: los ingresos tributarios (impuestos) apenas han crecido 1.1 % si se compara abril de 2014 con abril 2015.
Y peor aún, si se compara con lo que el Gobierno proyectó recaudar este año a través del Presupuesto General de la Nación a Hacienda le faltan $156.7 millones que programó en gasto, pero no los tiene disponible en ingresos.
El retraso en la publicación de los datos de mayo y junio le hacen suponer a De Rosa que las nuevas cifras también demuestran una caída en los ingresos gubernamentales, asociados al bajo crecimiento económico del país y la poca inversión.
Además de esa baja recaudación, al Gobierno también se le truncaron los planes de contar con $900 millones líquidos que serían utilizados para programas de seguridad, asistencia social y pago de capital e intereses de deuda de corto plazo.
“El Gobierno necesita dinero a cómo dé lugar y son las Letes las que le pueden dar ese dinero porque de ahí ya no tiene más opciones”, explicó el economista.
El uso de este recurso financiero es el único que no necesita de la aprobación de la Asamblea Legislativa y que aún tiene un margen de maniobra en su límite.
En los últimos años su saldo no ha sobrepasado los $900 millones, aunque en 2012 gastó o colocó $1,159 millones, la cifra más alta en los últimos cinco años.
El año pasado el saldo de esta deuda alcanzó un pico de $873.8 millones, que se limpió cuando el Gobierno emitió $800 millones en bonos en el mercado internacional, a un plazo de 12 años.
Con ese dinero Hacienda logró pagar $857.2 de su deuda, con lo que su saldo quedó en $160 millones.
Pero, el Gobierno pronto comenzó a usar de nuevo la tarjeta. Hizo gastos por $61.7 millones en octubre pasado, otros $59.2 millones en noviembre y $46 millones más en diciembre. Lo mismo ocurrió en los primeros cuatro meses de este año. Sin embargo, en ninguno de esos meses “abonó a su tarjeta” ni un centavo pues ya había hecho “borrón y cuenta nueva”, en septiembre pasado.
En mayo de 2015 Hacienda no usó la tarjeta. De Rosa dice que esto fue porque previeron que tenían seguro el financiamiento de $900 millones de bonos en la Asamblea Legislativa.
Solo fue hasta mayo y junio pasados que decidió pagar $11 y $30 millones. Ahora su saldo total a junio ya es de $516 millones.
En noviembre de 2012 Hacienda también hizo un “refinanciamiento” de su tarjeta, emitiendo otros $800 millones de los cuales pagó, de una sola vez $400 para Letes.
El expresidente del Banco Central de Reserva y analista económico, Mauricio Choussy, dijo días atrás que el Gobierno tendrá que emitir al menos $580 millones más en Letras del Tesoro de aquí al final del año, si la Sala de lo Constitucional decide que la aprobación de los $900 millones en bonos, que está pendiente, es ilegal; pues esa es la cantidad que le hace falta para cubrir el déficit este año.
Según el analista, el Gobierno tiene un déficit (faltante) de al menos $1,000 millones de gastos que no incluyó en su presupuesto anual y que debe realizar.
Y es solo a través de deuda de corto plazo que puede obtener este dinero, hasta lograr conseguir los 56 votos para emitir deuda de largo plazo que le dé un nuevo respiro a su tarjeta de crédito.
“En pocas palabras, no hay posibilidades de que cerremos el año sin que se tenga que llegar a una negociación para obtener los 56 votos para poder hacer esa emisión”, dijo durante una entrevista televisiva.
Ley de Responsabilidad Fiscal y presupuesto mentiroso
Las finanzas públicas siguen siendo el talón de Aquiles del Gobierno, a pesar de que desde hace más de dos años sigue en discusión una Ley de Responsabilidad Fiscal que pretende, justamente, poner en orden las cuentas nacionales y reducir el financiamiento a través de más deuda.
Sin embargo el tema no camina porque de acuerdo con De Rosa “los partidos políticos no quieren que una ley les regule sus gastos”.
Esta normativa podría poner un límite a la emisión de Letras del Tesoro, un punto que complicaría las finanzas del Gobierno si se toma en cuenta que este es uno de sus salvatajes de liquidez.
También se habla de hacer más real el presupuesto de cada año para no tener que llenar los huecos con deuda. Sin embargo, a la fecha Hacienda sigue diciendo que trabaja en un esquema de presupuesto por resultados, sin que hasta la fecha se tenga un informe detallado de su ejecución.
Y el escenario se les complica aún más. La semana pasada la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación de El Salvador a B+ debido al “alto endeudamiento”, que ya alcanza el país.
“Esto es un llamado a la reflexión sobre el desempeño económico del país, la necesidad de dialogar y que nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas fundamentales: el crecimiento económico, las necesidades sociales y la estabilidad fiscal”, dijo el director del departamento económico de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) Álvaro Trigueros, al respecto.
Los datos del Banco Central de Reserva indican que la deuda total del país, en la que se cuenta la de corto y largo plazo, ya es de $15,878.0 millones, lo que representa más del 60 % de lo que produce el país (Producto Interno Bruto) cada año.
Las noticias del problema fiscal en el que está Grecia son preocupantes para Choussy, quien mira en ese país europeo un espejo de lo que le podría ocurrir a El Salvador si no controla a tiempo sus gastos.
“Cuando hablamos de estas cosas, no venimos a torpedear el quehacer del Gobierno, venimos con un sentido de conciencia a tratar de incidir y hacer ver que por el camino que vamos, vamos a llegar a un colapso económico, que El Salvador todavía es solvente, que El Salvador no está a las puertas de un precipicio”, dijo Choussy en una entrevista televisiva.
“El Salvador todavía tiene espacio de maniobra, lo que pasa es que cada vez estamos más cerca de la orilla y no encuentro ninguna señal que hayamos tomado para evitarlo”, reiteró.
Por su parte, Claudio de Rosa es de la idea de que el fisco tiene que dejar de mentir en sus presupuestos anuales, comenzar a recortar sus gastos y mejorar su recaudación ampliando la base tributaria nacional.