El subutilizado Puerto La Unión ya duplicó el valor por el que el Gobierno se endeudó en 2004 para construirlo.
Según el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Nelson Vanegas, la terminal marítima tiene hoy un valor de $210 millones, que, según el funcionario, incluye el préstamo de $101 millones que prestó Japón más $109 millones que se han gastado a lo largo de los años, incluyendo un estimado de $30 millones que se necesitará para dragar su canal de acceso.
En 2004 el Gobierno de Japón aprobó un préstamo por $101 millones para construir la terminal marítima. Por ese préstamo se paga anualmente entre $10 y $12 millones, entre amortización de préstamo, mantenimiento y pago de salarios de los empleados.
Los ingresos de CEPA, que dependen del número de buques que utilicen dicha infraestructura, son mucho menores a lo que gastan anualmente, por lo que se deben utilizar incluso ingresos del puerto de Acajutla para mantenerlo activo.
Vanegas dijo ayer a los diputados de la Comisión de Economía en la Asamblea Legislativa que, de hecho, ya están considerado solicitar a Japón un refinanciamiento de ese crédito. “El tema de préstamo es préstamo a la nación, no directamente a la institución. Lo estamos manejando directamente con Relaciones Exteriores. Hablamos de qué posibilidad hay de que el crédito sea refinanciado, de manera que la carga económica para CEPA se disminuya”, dijo el funcionario.
Sin concesión a la vista
Mientras tanto, sigue la incertidumbre de su concesión. Desde que la primera concesión fue declarada desierta en mayo pasado, la institución todavía no define de qué forma lo entregará: si a través de una concesión directa, a través de una nueva licitación o a través de un asocio público privado (APP).
Vanegas confirmó ayer que inicialmente se han reunido con varias empresas interesadas en el proyecto. Dos de ellas precalificaron a la licitación anterior, pero al momento de entregar las ofertas decidieron no participar.
También está en el tapete la posibilidad de modificar las bases de licitación e incluso hacer reformas a la Ley de Concesión, a fin de flexibilizar el proceso y hacerlo más expedito. “Cuando termine el diálogo con todas las empresas que están interesadas vamos a ver qué es lo que requiere el mercado para echar a andar el trabajo”, dijo Vanegas.
Una de las empresas interesadas también está interesada en el Puerto de Acajutla según confirmó Vanegas a los diputados. “Definitivamente, no podemos trabajar solamente un puerto, deben trabajarse ambos puertos. Una de las empresas que ha venido ha visitado los dos puertos y entendemos que está interesado en los dos puertos. No sé cuál es el modelo económico de cómo entrarle”, apuntó.
Sin embargo, dijo que no sabía si esta terminal se concesionará por separado o en paquete con el Puerto La Unión.
Reunido con la comisión de Economía, el funcionario explicó a los legisladores que la primera licitación se cayó, porque las empresas precalificadas no vieron un atractivo de carga en el puerto y porque tampoco está listo el dragado del canal de acceso al muelle.
“Dos fueron los motivos importantes por los que no presentaron ofertas: la nula o poca carga que tiene la zona oriental del país y el Puerto La Unión, porque montarse en un desafío como éste hay que desarrollar carga. Y segundo, el tema del dragado: confían en el gobierno actual, pero no es lo mismo tenerlo disponible que tener una promesa”, explicó el funcionario a los diputados, que lo llamaron justamente para conocer de primera mano qué fue lo que pasó con la licitación.
De hecho, Vanegas dijo que una de las empresas precalificadas, TCB de España, “pagó nada más por conocer lo que iba a pasar en el Puerto La Unión”, pues esta compañía es concesionaria de Puerto Quetzal, la principal competencia de El Salvador.
Y aunque los diputados de la comisión dijeron que tras la presentación de Vanegas, “hay esperanzas” de que el puerto se concesione, estas no son inmediatas, pues el funcionario dijo que las pláticas con las empresas podrían durar unos tres meses, ya que algunas necesitan conversar sobre el proyecto en persona.
Crítica de diputados
La fracción legislativa más crítica sobre el proceso de concesión del puerto fue ARENA. La diputada Karla Hernández dijo que le preocupaba que CEPA justificara que el proyecto de La Unión tiene “problemas de origen” cuando en este proceso estuvo involucrada la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), cuyo gobierno no habría participado en un proyecto que no tuviera futuro. El resto de diputados se limitó a preguntar sobre las trabas de la licitación. El diputado de Gana Francis Zablah reconoció el trabajo de CEPA, pero cuestionó que se esté pagando una infraestructura improductiva.