La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, se pronunció ayer respecto a que El Salvador fuera incluido, junto a 23 países más, en una “lista negra”, por graves violaciones a normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tal como lo denunciaron representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
En el caso de El Salvador, la norma que fue incumplida, según el informe de la OIT, es el convenio 87, de libre asociación o sindicalización, que permite el nombramiento de representantes del sector privado en las instituciones autónomas, entre otras cosas.
Además, se señala que el país cesó el funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo desde 2013, organismo que tenía que ver con todos los temas claves relacionados con el empleo.
Sin embargo, la funcionaria negó tal incumplimiento y dijo que “El Salvador no está en una lista negra de la OIT, la información difundida por medios escritos no es cierta”, dijo la ministra.
En conferencia de prensa, la ministra, que fue acompañada por el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, se refirió a reformas hechas en 2011 que “han contribuido a democratizar y transparentar el proceso de participación sindical y empresarial, la cual anteriormente había estado siendo monopolizada por ANEP”.
La funcionaria aseguró que “en ningún momento se ha reformado legislación que regula la estructura paritaria y tripartita…donde representantes de la Gran Empresa, como ANEP, participan”.
Al respecto, el director ejecutivo de la gremial, Arnoldo Jiménez, negó que el gran empresariado tenga representación en las 19 instituciones autónomas que hay en el país, mismo espacio que les fue negado por el expresidente Mauricio Funes, desde 2013, cuando además el Consejo Superior del Trabajo dejó de funcionar.
Arnoldo Jiménez se mostró desilusionado de las declaraciones de la ministra de Trabajo, sobre todo el no reconocer que el país sí está en una lista, señalado como violador a convenios internacionales de la OIT, lista que fue anunciada en la 104 reunión en Ginebra, a la que ella misma asistió.
“Este es el informe (muestra un resumen) de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, estos son los países (ver cuadro) que este año fueron cuestionados por incumplimiento, durante quince días se estuvo analizando en la plenaria el caso de estos 24 países porque son los que han incumplido gravemente las normas… allá se le dice “lista negra” como una jerga dentro de la OIT, pero son países que están violando las normas…”, aclaró Jiménez.
El ejecutivo de la gremial señaló que “ya no cree en las palabras de la ministra”, que en Ginebra, se comprometió a tomar en cuenta las recomendaciones de la OIT.
Jiménez dijo que le preocupan las declaraciones vertidas por la funcionaria, sobre todo el llamado que hace “a las organizaciones sindicales para que busquen consenso en la elección de sus representantes en las instancias tripartitas, como el Consejo Superior del Trabajo”.
“Cuando la ministra pide a las organizaciones sindicales que busquen consenso es que no está dispuesta a cumplir con las normas, con las recomendaciones que ha dado la OIT…porque para elegir representantes en las autónomas, no se logrará consenso, se elige a quien tenga más votos y tenga legítima representatividad”, explicó Jiménez.
“El nudo aquí es el consenso que le pide a los trabajadores, porque si no hay representantes de los trabajadores, no hay quórum para hacer el Consejo Superior del Trabajo, mientras no haya Consejo, no se puede recomendar a la asamblea el método para escoger legítimamente los representantes del sector empleador, (ella) lo que quiere es evitar eso…y para eso pide consenso para que nunca se convoque al Consejo, que es clave para el país…”, detalló el ejecutivo de la gremial.
El riesgo de la no representación privada
En El Salvador hay 19 instituciones autónomas, entre ellas Siget, Fovial, Autoridad Marítima Portuaria, CEPA, Insaforp y otras, que deben tener representantes del sector público, del gobierno y del sector privado en sus directivas.
Sin embargo, según el directivo de la ANEP, desde 2013, los miembros del sector privado que están en estas directivas no son de legítima representación, porque han sido elegidos por el presidente de la República y no mediante ternas propuestas por el empresariado.
Según el director ejecutivo de ANEP, el no permitir la legítima representación del sector privado en las autónomas, puede traer serias repercusiones para el país.
“Puede haber conflictos de interés, (por que el presidente) va a elegir a aquellos empresarios que mejor se llevan con el gobierno, segundo se va a mostrar un falso diálogo donde nunca resolvemos los problemas del país porque lo único en que está interesado (el presidente) es en tomarse una foto, donde haya un representante del sector privado para hacerle creerle a la gente que ya se dialogó y se logró consenso con el sector privado, y eso es mentir”, dijo Jiménez. Para él, acatar la recomendación de la norma 87 de la OIT facilitaría un verdadero diálogo, que el país está pidiendo a gritos.