El Salvador es el único país de América Latina en el que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas por ley a invertir en deuda del Gobierno, para financiar el sistema de pensiones público y, por ende, el único que paga una rentabilidad que está muy por debajo de las ganancias que tienen otros sistemas previsionales privados en la región.
El resto de países que migraron de un sistema público a uno privado está pagando la transición del sistema, ya sea con crecimiento económico o a través de deuda, pero sin tocar los fondos privados, según explicó María Elena Rivera, analista económica y experta en el tema pensiones de Fundaungo.
Y las AFP que operan en estos países, invierten el dinero en diferentes instrumentos financieros que le garantizan a los cotizantes una tasa de rentabilidad de mercado (del 6 al 8 %), beneficiosa para los trabajadores.
Por ejemplo, en países como Colombia, Perú, Chile y México, donde funcionan sistemas de pensión privados (de capitalización individual) las tasas de rentabilidad que se pagan por invertir el dinero rondan entre el 6 y el 7 %, dependiendo del nivel de riesgo de las inversiones.
En Colombia los fondos de pensiones invertidos en instrumentos financieros con un escenario de mucho riesgo, pagan una tasa de interés de 8.20 % y los que se invierten en un escenario conservador, pagan 7.55 %, de acuerdo con estadísticas de la Superfinanciera de ese país.
Además, según dijo el miércoles el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, Luis Fernando Andrade, en una visita al país, Colombia está usando cada vez más los fondos de pensiones para financiar proyectos de infraestructura que están dispuestos a pagar tasas de interés superiores al 7 %.
En ese país la rentabilidad acumulada (desde su creación) es de 12.59 %, según datos a marzo de este año.
En Chile, cuyo sistema previsional inició en 1981, la rentabilidad que ganan las inversiones de los fondos en sistemas muy riesgosos es de 8.98 % y la menos riesgosa, es de 4.4 %, según datos de la Superintendencia de Pensiones de Chile. Su rentabilidad acumulada a mayo de este año era de 5.59 %. En Perú, de acuerdo con la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, la rentabilidad acumulada a mayo era de 11.25 %.
Aunque en estos países funciona un sistema mixto y el Estado financia sus gastos con dinero de las cotizaciones privadas, ninguna de las administradoras de fondos de pensiones está obligada a invertir en títulos gubernamentales.
Sus inversiones en instrumentos estatales son voluntarias y dependen de las ganancias que el Estado ofrezca de acuerdo con los proyectos y riesgos de cada uno.
Obligados desde 2006
En El Salvador, dicha obligación es ley desde 2006, cuando se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, un mecanismo que ideó el gobierno del expresidente Antonio Saca, para financiar el sistema de pensiones público, que a juicio de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, era dinero que el Gobierno debió presupuestar en sus gastos anuales porque representaba un compromiso ineludible.
Dicho Fideicomiso obligó a las AFP a invertir el 30% de sus fondos en papeles del Estado a una tasa LIBOR más una sobre tasa de 0.75 %, que en un inicio le generaba a los trabajadores una rentabilidad superior al 5 %.
Pero en 2009, cuando la crisis económica llegó, la tasa Libor cayó estrepitosamente y la rentabilidad de las pensiones también bajó a 1.1 %.
Pero, según el presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Ricardo Soriano, el gobierno de Mauricio Funes, en vez de modificar la ley para mejorar esa tasa de rentabilidad, prefirió subir el porcentaje de obligación al 45 %, aprovechándose de que la tasa era favorable para las finanzas del Gobierno. “Es deuda que le sale barata el Estado”, dijo.
Esa obligatoriedad ha hecho que el 59 % del fondo total de pensiones en las AFP, que ya suma $6,955.7 millones, esté invertido en Certificados de Inversión Previsional (CIP) que hasta hace unos meses solo pagaban una rentabilidad de 1.2 %. El resto de la cartera de fondos está invertido en instrumentos que pagan una tasa de casi el 8 %.
Según cálculos de Asafondos, esta diferencia de tasas ha provocado una pérdida de más de $1,200 millones al fondo total, y por lo tanto, afecta a cada cuenta individual de los trabajadores, que crece, en gran medida con los intereses que acumula cuando el dinero se invierte en el mercado de valores.
En la resolución de la Sala de lo Constitucional, que declaró ilegal la tasa LIBOR para pagar los CIP, los magistrados mantienen la obliegatoriedad para las AFP, pero le exige a la Asamblea Legislativa reformar la ley y decidir una tasa de interés más favorable para los trabajadores.
Reducir obligatoriedad
El superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo dejó entrever a inicios de junio que el Gobierno está considerando reducir el porcentaje de obligatoriedad para las AFP y, de forma paralela, mejorar el mercado de valores, para que éstas inviertan en mejores instrumentos.
La idea aún no es concreta y las autoridades hablan, más bien, de mejorar las condiciones de inversión de las AFP. Por ejemplo, están considerando aumentar la inversión de los fondos en proyectos de infraestructura.
El secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que se gestionará la inversión de al menos $100 millones de fondos de pensión para la ampliación del Aeropuerto Internacional.