El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, justificó ayer ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que el Estado no tiene la capacidad financiera para elevar la tasa de interés al 7% para el fondo de pensiones de las AFP, tal como lo ha solicitado el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop).
Cáceres dijo que lo máximo que el Estado puede pagar como tasa de interés por prestar los fondos de los cotizantes es 4 %, tomado a partir del promedio de la tasa de interés de depósitos a 360 días que ha reportado el Banco Central en los últimos cinco años, que se ajusta cada seis meses.
Comtradefop ha propuesto que el Gobierno pague una tasa de 7.62 % producto de la tasa de interés básica pasiva a 180 días publicada por el Banco Central de Reserva en la semana anterior a la emisión CIP ,más tres punto y medio (3.50 %) adicionales que se equiparen a las tasas de 6 y 7 % que el Gobierno paga a inversionistas privados cuando emite deuda externa.
“De nada sirve subir la tasa de interés si el Estado no tiene capacidad de pagarlos”, dijo Cáceres, ante los legisladores de la comisión.
Según el funcionario, si se aprobara una propuesta como la que ha hecho Comtradefop, el Estado tendría que erogar $86 millones en intereses adicionales.
Sus justificaciones no fueron suficientes para los diputados de la fracción de ARENA, quienes achacaron al ministro el hecho de que el Estado prefiera financiarse con fondos extranjeros y pagar elevadas tasas de interés, antes que financiarse con fondos de pensiones, que podrían mejorar las condiciones de los salvadoreños cuando se jubilen.
“Dónde está la sensibilidad del Gobierno si no les quiere pagar las tasas de interés que se deben”, dijo Calderón.
“El ministro acaba de colocar títulos al 6 % pero a los trabajadores le va a pagar 3 % que a saber de dónde se lo ha sacado”, agregó la diputada Milena Calderón, de ARENA.
El diputado del FMLN, Rolando Mata, indicó que el Estado está tratando de arreglar “el chanchullo” que dejó la anterior administración, una declaración que provocó la respuesta de la diputada arenera, Calderón: “la peor chanchullada la cometió el FMLN en 2012 al aumentar la emisión de CIP del 30 al 45 %”, dijo.
Mata secundó al ministro Cáceres cuando dijo que el Gobierno se está haciendo responsable de pagos de pensiones que no le correspondían y que se agravaron con las reformas que se hicieron en 2006, cuando se creó el Fideicomisio de Obligaciones Previsionales (FOP), que dio origen a la emisión de CIP para financiar al Gobierno con fondos de las AFP.
La comisión de Hacienda solicitó al ministro su presencia porque tiene que decidir una nueva tasa de interés para las pensiones, después que la Sala de lo Constitucional declaró ilegal en diciembre de 2014 que el Gobierno pagara la tasa LIBOR+0.75 % a los cotizantes cada vez que emitía deuda.
El espinoso tema no logró un acuerdo definitivo, aunque el diputado del PDC, Rodolfo Parker, pidió que se discutiera lo antes posible.
“Inviable sistema mixto”
La discusión de la tasa de interés llevó obligadamente a los diputados a discutir otros puntos de interés que se podrían considerar en una reforma previsional integral que se espera para los próximos meses.
Al respecto la primera directora de la Asociación Salvadoreña de Administradora de Fondos de Pensiones y también presidenta ejecutiva de AFP Crecer, Ruth de Solórzano dijo ayer que ya enviaron al Gobierno su propuesta de pensiones enfocada en la equidad, eficiencia y cobertura, entre otros temas.
“Nuestra propuesta va encaminada a fortalecer el funcionamiento del sistema de capitalizacion individual, es decir que cada uno de las trabajadores sigamos siendo responsables con cada uno y con los miembros de las familia, mediante nuestro ahorro y por supuesto que se creen dos pilares adicionales: uno, el fortalecimiento de las pensiones asistenciales no contributivas con los fondos generales de la nación para que se focalice en la población mas vulnerable, de mayor pobreza; y dos, que los trabajadores tengamos la posibilidad de cotizar y aportar al sistema de pensiones, que tengamos la posibilidad de ahorrar voluntariamente con algún incentivo tributario para que podamos complementar en el futuro la pensión que nos otorgara el sistema de ahorro”, explicó la profesional.
Una de las propuestas que más suena es la creación de un sistema mixto, un dato que a juicio de De Solórzano, también significa un mayor costo para el país. “Cualquier reapertura de un sistema de reparto significa mayor costo para el país, el sistema de reparto no está balanceado, no ha operado adecuadamente, ha demostrado ser ineficiente para dar pensiones con los recursos necesarios para su sostenibilidad. Nosotros pretendemos fortalecer el sistema de ahorro”, dijo la experta.
“El sistema mixto no es viable pues que reabre un sistema del cual venimos, que ha demostrado que no opera adecuadamente y que hay una deuda con las que se tiene una carga suficiente. Reabriendo algo que no logró funcionar no se reparará ni se solucionará el problema”, detalló.