Firman acuerdo para detectar operaciones sospechosas de fraude en paraísos fiscales

El Salvador, tercer país de C. A. en firmar el convenio con la OCDE

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El pago del impuesto sobre la renta ha complicado de alguna manera las operaciones de las empresas. FOTO EDH /ARCHIVO

Por Pedro Carlos Mancía nacional@eldiariodehoy.com

2015-06-07 9:00:00

Con el propósito de “obtener e intercambiar información tributaria con una amplia red de países a nivel mundial”, que le permitirá detectar operaciones sospechosas que, por lo general, van a parar a países conocidos como paraísos fiscales (off shore), El Salvador firmó un convenio multilateral con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El término ” paraíso fiscal” se refiere a sociedades constituidas fuera del país de residencia, en regiones donde se paga 0 % de impuestos, dichas sociedades muchas veces son utilizadas para el lavado de dinero, ocultación de propiedades, etc.

El acuerdo, denominado “Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, fue suscrito el 1 de junio pasado entre el secretario de la OCDE, José Ángel Gurría y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, siendo así El Salvador el signatario 86 de este instrumento internacional.

Dicha herramienta es considerada la más completa para impulsar la cooperación contra la evasión fiscal internacional. Este tipo de instrumentos ayudarían a regular los llamados “paraísos fiscales”, logrando así “luchar contra la evasión y el fraude fiscal internacional, mediante el aumento de la transparencia”, reiteró Gurría.

En gran medida, cuando el año pasado El Salvador introdujo una reforma al artículo 62-A del Código Tributario logró que se pudiesen utilizar los procedimientos, métodos técnicos y lineamientos establecidos por la OCDE.

De acuerdo con esa institución, la aplicación del convenio “permitirá a las autoridades tributarias de El Salvador tener a disposición un mecanismo rápido y efectivo de enlace con una amplia red de países sin tener que suscribir convenios bilaterales, para tener información de las operaciones off-shore que realizan los contribuyentes, para propósitos tributarios y de combate a la evasión fiscal”.

Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, expresó que “la OCDE espera que el convenio entre en vigor rápidamente, para que así El Salvador pueda aprovechar esta oportunidad con el fin de ayudar a restaurar la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho”.

El tratado fue desarrollado por la OCDE y el Consejo de Europa para proporcionar un marco multilateral global para el “intercambio de información y asistencia en la recaudación de impuestos”, según dicha institución.

Dicho acuerdo contempla la “asistencia administrativa tributaria entre las autoridades para el intercambio de información previa solicitud, intercambio automático de información, inspecciones tributarias simultáneas y asistencia en el cobro de las deudas tributarias”.

Desde 2009 este ha sido un elemento esencial de los esfuerzos de cooperación internacional y se ha considerado como “el instrumento perfecto” para la rápida aplicación de la nueva “Norma Internacional sobre el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras”, que fue desarrollada por los países de la OCDE y el G-20.

Adicional a esto, la firma del convenio multilateral también forma parte del Plan de Acción “Erosión de las Bases y la Transferencia de Beneficios (BEPS)”.

Todo esto viene a formar parte de las modalidades de intercambio de información pertenecientes al nuevo estándar global de transferencia fiscal denominado Ley de Cumplimiento de Cuentas Extranjeras (Facta, por sus siglas en inglés).

Es así como el país se convierte en el tercero de la región centroamericana en firmar el convenio, siendo Costa Rica y Guatemala, los primeros. A la fecha son 86 los países firmantes que incluyen a Estados Unidos y Reino Unido; y jurisdicciones como Holanda, Luxemburgo, Suiza, México, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Belice.

Problemas de la evasión

La evasión fiscal es un grave problema de los que padecen muchos países centroamericanos en los pasos fronterizos, siendo esto parte de la defraudación aduanera. Actualmente no existen cifras reales de cuál es el impacto fiscal que posee este acto delictivo. Entre 2003 y 2012 se registraron en el país $6,276 millones en flujo transfronterizo de actividades ilegales (evasión de impuestos, corrupción y contrabando).