Rosario (nombre ficticio), una exempleada de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) que trabajó durante 20 años en el área contable de Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (Fenadesal), ha solicitado el amparo de la Sala de lo Constitucional tras ser despedida, a su juicio, injustificadamente, en marzo pasado.
Según Rosario, CEPA la despidió porque Fenadesal “ya no es una empresa rentable” y cuando pidió el reinstalo en otra área de la autónoma, le dijeron que “ya no había plazas para ella”, a pesar de que la institución ha contratado en los últimos meses a más de 40 personas en nuevos cargos y con salarios aumentados.
Según la demandante, CEPA ha violado el artículo 37 de la Constitución de la República, que da a los ciudadanos el derecho a un trabajo digno, del que depende el resto de derechos constitucionales como la salud y la educación.
“El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo de comercio”, especifica la Carta Magna.
Pero Rosario no siente ninguna protección del Estado. Por el contrario, su despido la hace sentir aún más vulnerable, pues la criminalidad ya tocó a sus puertas.
Desde hace ocho meses vive en la angustia de no saber nada sobre su hijo de 15 años, quien está desaparecido desde el 13 de julio.
Rosario contó que el joven desapareció de un centro comercial en Altavista, Soyapango y desde entonces, no ha sabido nada de él. Teme que las pandillas lo hayan secuestrado y asesinado por no sumarse a su grupo.
Para colmo, Rosario es el único soporte financiero de sus otros cinco hijos. Tres de ellos ya están en la universidad, otro más en bachillerato y otro más en básica.
A pesar de que los jefes de Rosario sabían de su difícil situación y de las responsabilidades económicas que tenía con sus hijos, la respuesta no varió.
Con el despido, la autónoma le ofreció la respectiva indemnización, pero Rosario no la quiso aceptar, pues sabía que su caso podía prosperar si recurría a las instancias respectivas.
“Yo no acepté la indemnización porque eso me puede servir para unos meses, pero yo lo que necesito es mi trabajo. ¿Cómo voy a conseguir ahora otro trabajo a estas alturas? Me faltaban pocos años para jubilarme, yo creí que iba a seguir trabajando en esa empresa. Fenadesal nunca ha sido una empresa rentable y aún así, mantuvieron a los empleados”, se justificó la mujer.
“Usted no ha hecho nada mal”, le dijo el gerente de Fenadesal a Rosario el día de su despido. “El gerente se conmovió de mi situación, pero me dijo : ‘No puedo'”, aseguró la señora.
Junto a Rosario, también fueron despedidas otras cinco personas, entre ellas a la coordinadora del departamento de relación con las comunidades, de quien Rosario supo después que Fenadesal había contratado a otra persona en su lugar.
De acuerdo con Rosario, ningún otro compañero ha querido interponer denuncias, ya sea porque logró encontrar otro trabajo o porque “tiene miedo”.
Este periódico trató de tener la opinión del gerente general, Emérito Velásquez, pero éste no respondió a las llamadas de teléfono que se le hicieron, incluso ayer por la tarde.
Tras su despido, la mujer buscó asesoría legal para agotar todos los medios posibles y así evitar su inminente despido.
La primera persona a quien recurrió fue al presidente de CEPA, Nelson Vanegas, a quien le hizo llegar una solicitud de audiencia el 10 de abril de este año.
Los días transcurrieron y no tuvo respuesta. De hecho, hasta hoy no ha tenido respuesta de él.
Luego recurrió a la Procuraduría General de la República, donde un delegado le acompañó para solicitar una audiencia con Vanegas.
Cuando la mujer vio que no tenía respuesta, decidió esperar afuera del edificio de CEPA a Vanegas hasta que él apareciera.
Tras varias horas de espera, la mujer fue recibida por el gerente Velásquez, quien le prometió “hacer todo lo posible” porque la incorporaran en otra área de la institución.
Sin embargo sus esperanzas de mantener su trabajo se esfumaron cuando, en una segunda reunión el 8 de mayo, Velásquez le comunicó que “no había plaza para ella”.
A la exempleada le parece extraño que se haya despedido a personal de esa empresa estatal justo ahora, cuando sus mismas autoridades han anunciado una serie de cambios para hacer más rentable la institución.
Rosario también le expuso su problema a la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, a quien le pidió interceder para que CEPA apruebe su “reinstalo inmediato”.
“Ella (Pignato) dice que vela por las mujeres desprotegidas. Yo me siento desprotegida”, dijo Rosario.
Sin embargo, la carta que envió a la Secretaría aún sigue en curso y Rosario todavía no tiene respuesta de Pignato.
La exempleada también recurrió al presidente Salvador Sánchez Cerén. “Durante el tiempo que laboré en dicha institución nunca di motivos que dañaran los intereses de la institución, al contrario respeté los estatutos y reglamentos institucionales, hechos que puedo demostrar con mis últimas evaluaciones de desempeño”, expuso la mujer a Sánchez Cerén.
A la fecha ninguno de los funcionarios le ha dado audiencia o respondido de manera formal.
Ante Sala Constitucional
La única esperanza de Rosario es una que la Sala de lo Constitucional acepte su demanda de amparo y con ello, apruebe una medida cautelar de reinstalo mientras los magistrados revisan la legalidad del despido.
Su representante legal ad-honórem, Sandra Huezo, espera que todos los escritos que se han presentado hasta hoy sirvan para que los magistrados de la Sala la amparen y orden su reinstalo inmediato.
“En estos momentos solo confío en la Sala”, dijo Rosario. “La mujer está desprotegida, la han echado literalmente a la calle. Es ilógico que este gobierno diga que protege a las personas, cuando ha sido el Estado quien la ha desprotegido”, afirmó Huezo.
Rosario dice que a raíz de su despido uno de sus hijos, que estudia ingeniería en la universidad, ha comenzando a trabajar desde las 6:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, para ayudar en los gastos de la casa. “Está descuidando sus estudios con tal de aportar un poco a los gastos de la casa”, dijo la señora.
Despidos en CEPA
El caso de Rosario es solo uno de los más de 30 que se han reportado dentro de CEPA desde 2014.
Desde que Nelson Vanegas llegó, la autónoma ha despedido a más de 30 personas, la mayoría de ellos, gerentes y jefes de área, que al igual que Rosario, tenía muchos años de experiencia en sus puestos.
En sustitución, la autónoma ha contratado a personal con experiencia desconocida y muchos de ellos tienen afinidad política o han llegado a la institución a pesar de tener cargos en otras dependencias gubernamentales.
Al respecto, el presidente de la autónoma, Nelson Vanegas, dijo que estos cambios son normales y corresponden a una política de renovación.
También dijo desconocer cada caso en particular y los motivos por los que se ha despedido a ciertas personas. Afirmó que en algunos casos es porque sus contratos anuales habían terminado y se optaba por no aprobarlos de nuevo.
Según lo publicó El Diario de Hoy, las atribuciones de Vanegas y también de su gerente general, Emérito Velásquez, se reforzaron desde abril de 2014, cuando se aprobó un decreto ejecutivo que les facultó hacer nombramientos, contrataciones, suspensiones, traslados, ascensos, permutas, incrementos y nivelaciones, sustituciones, destituciones o despidos de todo el personal de CEPA.
En Fenadesal, el presidente Vanegas ha anunciado una serie de proyectos que pretenden revivir el ferrocarril.
Entre los planes de la empresa está reactivar la ruta entre San Salvador y Sitio del Niño, en San Juan Opico, y la otra ruta desde la capital al aeropuerto internacional en Comalapa.