Deuda subiría a $16 mil Mlls. con nueva petición

En junio del año pasado la Asamblea le aprobó al Gobierno una emisión de $1,156 millones que sirvieron para pagar deuda de corto plazo y para gasto corriente

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La deuda que adquiere el Gobierno se paga todos los años con los impuestos que los trabajadores aportan al Ministerio de Hacienda y lo que se paga a través del consumo. Foto EDH / archivo

Por Karen Molina negocios@eldiariodehoy.com

2015-04-21 8:00:00

En menos de un año el Gobierno ha vuelto a pedir a la Asamblea Legislativa su aval para endeudarse con $900 millones, pese a que en junio del año pasado los diputados le aprobaron otros $1,156 millones, que sirvieron para pagar deuda de corto plazo y otros préstamos que tenía pendientes.

Dicha petición se asemeja a un empleado que, a pesar de haber obtenido un aumento de salario en el último año, tuvo que pedirle a su madre que le prestara $100 para terminar el mes. Pero antes de que ese mes acabara, recurrió de nuevo a su madre para pedirle más dinero del que ya le había prestado.

Eso mismo ha ocurrido con el Gobierno en los últimos años, pues, a pesar de que sus ingresos han ido en aumento, de nuevo se ha quedado sin dinero para cumplir con sus obligaciones y ha vuelto a pedir a los diputados que le ayuden a aprobar más deuda.

Según la solicitud que el Ministerio de Hacienda, envió por escrito a los diputados, los $900 millones en títulos valores, que pretende emitir, se usarán para “atender urgentes e ineludibles obligaciones que demande la población”, entre las que detalla la cobertura de seguridad ciudadana; apoyar programas en materia de vulnerabilidad y asistencia en programas sociales focalizados en materia de salud, educación y agrícolas.

El año pasado, Hacienda justificó que necesitaba $800 millones para pagar la deuda que generaban las Letras del Tesoro, que es considerada por los economistas como la “tarjeta de crédito” del Gobierno. Es decir que adquirió una deuda de largo plazo para pagar una de corto plazo.

En octubre de 2012, los diputados también le limpiaron la tarjeta al gobierno al aprobarles una emisión de bonos de $800 millones, que fueron íntegramente al fondo general de la nación, pues aunque Hacienda justificó que $400 millones de ellos servirían para pagar compromisos con inversionistas extranjeros, éstos nunca lo solicitaron y el Gobierno hizo uso discrecional de esos fondos.

Con todas estas emisiones, a febrero de este año, la deuda pública ya suma un total de $15,813.3 millones, según el último balance del Banco Central de Reserva, a febrero de este año.

Con una nueva emisión de $900 millones, más $100 que los diputados le acaban de aprobar al Gobierno, el saldo de la deuda crecería a $16,813 millones, casi los $17,000 millones, una cifra nunca antes alcanzada en la historia del país.

Y si se estima que el PIB nacional ronda los $25,000 millones, eso significaría que la deuda ya representa el 68 % de la producción nacional; es decir que más de la mitad de lo que produce el país se va en pago de deuda, eso sin agregar el pago de intereses que el Gobierno tiene que hacer por utilizar ese dinero.

La deuda más utilizada por el Gobierno son las Letras del Tesoro (Letes), porque no necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa. Y es precisamente para “limpiarla” que el Gobierno ha emitido más títulos valores para seguir tomando deuda.

A marzo de este año el saldo de Letes era de $484.2 millones, con colocaciones mensuales de $43.1, $77.7 y $35.0 millones en los primeros meses del año. Y de pago. Cero.

Hacienda lleva seis meses consecutivos sin hacer ningún pago de esta tarjeta de crédito, pero en cambio ha emitido un promedio de $20 millones en Letes por semana.

Según datos publicados por El Diario de Hoy, la Asamblea Legislativa le ha aprobado al gobierno del FMLN un total de $6,837.33 millones desde mayo de 2009 hasta septiembre de 2014.

Reacciones en contra

Como era de esperarse, la solicitud ha tenido más críticas que puntos a favor.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) hizo un llamado a los diputados para que no apoyen esta solicitud.

“Queremos hacerle un llamado vehemente a los diputados para que no vayan a permitir $900 millones más de endeudamiento a este país. Los problemas de este país no son por falta de recursos, sino por falta de buenas políticas públicas”, opinó Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

“Esto ya es parte de un círculo perverso, porque te endeudas para pagar más deuda y cuando eso ocurre estás en una crisis fiscal”, dijo, por su parte, el economista Claudio de Rosa.

Otros economistas como Luis Membreño anticiparon que el Gobierno recurriría a un nuevo endeudamiento de este tipo para apoyar su falta de liquidez, debido a los excesivos gastos que está haciendo y la indisciplina fiscal que está manteniendo, pese a los llamados de atención.

¿Y hay esperanzas de que la Ley de Responsabilidad Fiscal pueda frenar este círculo perverso?, De Rosa tiene sus dudas. “Este es un gobierno que no tiene palabra. Solicita préstamos con una ‘urgencia urgentísima’ y al final no los gasta porque se vuelve dinero con el que luego pueden jugar”.

El Diario de Hoy publicó hace unas semanas que el Gobierno gastó $115 millones más en salarios públicos al final de 2014, y restó otros $101 millones para la inversión pública, cuando en el pasado ha prometido austeridad en su administración.

De Rosa prevé que ante un escenario fiscal cada vez más apretado, solo quedará el camino de más impuestos y más ajustes a los subsidios, así como también una reforma a las pensiones que seguirá disminuyendo los beneficios para los ciudadanos. “En lugar de estar preocupados en dar más dinero a malas políticas públicas, deberíamos estar buscando que se implementen propuestas que sean eficientes y eficaces para resolver los problemas que tenemos”, dijo.

“El Salvador no aguanta más y creo que sería la irresponsabilidad más grande volver a autorizar $900 millones porque lo vamos a terminar pagando todos. Yo creo que esto sería un golpe falta para el tema fiscal en el país”.

De Rosa criticó que el Gobierno siga prefiriendo pagarle tasas del 6 % a inversionistas extranjeros cuando en el país ha definido por default pagarle 3 % a los cotizantes de las AFP.