El Gobierno, a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP), reconoció que tiene un diagnóstico avanzado del sistema de pensiones. El pasado 13 de marzo, en un comunicado de esa entidad, se anunciaba un proceso de consulta con diferentes sectores para definir la futura reforma.
“Creemos que este es el año de la reforma previsional”, son las palabras que el secretario técnico, Roberto Lorenzana, usó para anunciar las consultas que harán con las Administradoras de Fondos de Pensiones, políticos y trabajadores.
Lorenzana descartó que el Gobierno planee una nacionalización del sistema de pensiones o aumentar la edad de jubilación. Mencionó que una de las principales iniciativas era aumentar la cobertura, sobre la pensión mínima universal.
Aunque el documento menciona que el Gobierno busca asegurar la estabilidad fiscal del país y ampliar la cobertura, no se mencionó cómo se buscaría el equilibrio de ambas al ampliar la base de personas que recibe pensión mínima.
Por otro lado, mientras una nacionalización está descartada, implementar un sistema mixto en el que las cuentas individuales de las AFP coexistan con una cuenta general de reparto sigue siendo una opción a considerar.
Por último, el comunicado menciona que se buscará mejorar la rentabilidad (ganancias) de los ahorros de pensiones a través del mercado de capitales. “Creo que los fondos de pensiones hay que verlos como un instrumento para la dinamización de la economía. Hay otros países que lo han utilizado de esa manera y es una fuente de financiamiento”, expresó Lorenzana. Sin embargo no se brindaron más detalles sobre este punto.
Acerca del diagnóstico
La administración del expresidente, Mauricio Funes, encargó a un equipo técnico del Banco Central de Reserva (BCR), Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Ministerio de Hacienda la elaboración de un estudio sobre el sistema de pensiones.
El informe final incluía ya algunas recomendaciones para realizar la reforma. Se planteaban tres escenarios distintos: un retorno al sistema de reparto, en el cual los ahorros entran a una caja general; la creación de un sistema mixto, en el que coexistan las AFP con un fondo general; o mantener el sistema de cuentas individuales, pero realizando reformas a parámetros como edad de jubilación y años de cotización, entre otros.
Durante 2013 las autoridades de Gobierno se mantuvieron en la ambigüedad, declarando en público que el informe era solo un borrador, que no incluía propuestas o que aún estaba en elaboración. Sin embargo, se supo que ese año el documento se dio a conocer a un pequeño número de diputados de la Asamblea Legislativa.
A finales de 2014, el Gobierno recibió la aprobación de un préstamo de asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un valor de $200 mil. Los fondos se utilizan en un estudio sobre la posibilidad de crear un sistema mixto de pensiones y sus resultados. El estudio estará listo hasta 2016. Las autoridades han dicho que no esperarán dicho informe para iniciar las consultas sobre la reforma previsional.