La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Consejo Directivo de la Autoridad Marítima Portuaria restituir inmediatamente a Juan José Luis Giammattei, director ejecutivo de esa institución, luego que este fuera separado de su cargo en 2014.
El Consejo tendrá que acatar esta orden judicial después que los magistrados de la Sala aceptaran estudiar una orden de amparo que presentó Giammattei, en la que alegó ilegalidad en su destitución al negársele su derecho de audiencia y defensa.
Mientras los magistrados estudian el caso, el Consejo no solo tendrá que restituir en el cargo a Giammattei, sino que además, deberá pagarle su salario íntegro, prestaciones laborales y otros desembolsos. Eso implicaría que Giammattei también firme el contrato individual de trabajo 2015.
Giammattei explica en su demanda de amparo que fue nombrado como director ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria para ejercer ese cargo entre 2011 y 2016, es decir, para un periodo de cinco años, tal como lo establece la Ley General Marítima Portuaria. Además manifestó que estaba vinculado a la institución mediante un contrato individual de plazo indefinido. Sin embargo detalla que en junio de 2014 el Consejo Directivo decidió finalizar su contrato de trabajo y al consultar los motivos el presidente de la institución le detalló “falta de confianza” como el motivo por el que fue cesado de su cargo.
Giammattei asegura en su escrito que esa decisión fue arbitraria pues, de acuerdo con la ley, su periodo de funciones aún no expiraba y además, no se siguió ningún procedimiento para llegar a esta decisión.
La decisión de los magistrados es una medida cautelar, es decir que si al revisar detenidamente toda la documentación y los argumentos de ambas partes los magistrados deciden que no hay vulneración de los derechos individuales de Giammattei, el reintegro de sus funciones se revierte.
La Autoridad Marítima Portuaria es la institución encargada de autorizar todas las operaciones que se desarrollan en los principales puertos del país: La Unión y Acajutla.
Entre sus funciones está revisar la tabla de tarifas que las compañías navieras deben pagar al país cuando atracan en las terminales marítimas así como avalar el ingreso de compañías nuevas que operen en los puertos.
El trabajo de la Autoridad Marítima se vuelve más importante hoy que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) mantiene un proceso de concesión del Puerto de La Unión, cuya administración será concedida a una empresa internacional que debe ser avalada por la AMP.
Esta institución ha trabajado de la mano con CEPA para las bases de licitación de la millonaria concesión.