Diputados pueden ordenar las finanzas públicas con los presupuestos plurianuales

ANEP propone que si la legislatura dura tres años, los diputados deben contribuir a que el gasto nacional se programe cada tres años, con manejo transparente.

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El Ministerio de Hacienda es el encargado de recaudar los impuestos y trasladarlos a las diferentes instituciones durante todo el año. 

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Por G. TRIGUEROS negocios@elsalvador.com

2015-03-02 6:00:00

Para Waldo Jiménez, director de asuntos económicos de ANEP, la nueva legislatura que asumirá en mayo debería ser la que marque la diferencia en el ordenamiento de los fondos públicos y en el uso eficiente de estos.

La deuda del sector público no financiero aumentó $839 millones al cierre de 2014, mientras los ingresos por renta cayeron de 18.4 % a 2.8 % y el IVA se redujo 1 %, según Fusades.

El gasto del gobierno se ha elevado, debido a un incremento de $115.6 millones en remuneraciones, rubro que ya representa 2 puntos del PIB, muy por encima de las inversiones que representan apenas el 0.1 del PIB, señala el informe.

Los nuevos diputados pueden alcanzar consensos para aprobar presupuestos que duren justamente los tres años que implica cada legislatura, con el objetivo de planear cómo se va a invertir el dinero público en forma eficiente, señaló Jiménez.

Actualmente, explicó, los diputados aprueban presupuestos que duran solo un año fiscal, lo cual imposibilita que haya fondos de contrapartida para que el mismo gobierno pueda maniobrar en sus proyectos.

“Es importante planear la inversión pública y para eso son fundamentales los presupuestos plurianuales que dan estabilidad y certeza sobre el origen de los ingresos del fisco, aumentan el manejo transparente, la rendición de cuentas y evita el despilfarro”, sentenció Jiménez.

Aunque el gobierno prefiere la discrecionalidad de los gastos, los nuevos diputados deben legislar para que cualquier gobierno que asuma el control rinda cuentas del presupuesto y sea eficiente, añadió.

Ordenar el gasto, dijo Álvaro Trigueros, de Fusades, no consiste en financiar las pensiones estatales con el dinero de los cotizantes privados de las AFP, sino manejar el gasto en forma responsable. El gobierno gasta 2 puntos del PIB en pagar salarios y solo destina 0.3 del PIB para pagar pensiones.