n grupo de trabajadores anunció que prepara una demanda contra el Estado salvadoreño por incumplir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que obligaría al Gobierno a pagar una mejor tasa de interés, cada vez que toma dinero prestado de los cotizantes del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP).
El Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador (Comtradefop) presentará una demanda ante la Fiscalía General de la República contra el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, porque a principios de enero colocó $111 millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP), con una tasa de interés del 3 %.
Dichos certificados fueron comprados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con los ahorros de los cotizantes del SAP.
Con esos $111 millones que el Estado tomó prestados, pagará las pensiones de los cotizantes del antiguo Sistema Público de Pensiones (SPP).
El presidente de Comtradefop, Ricardo Soriano, dijo que esa transacción no es oficial, ya que fue una “ligereza política financiera” del Estado salvadoreño. “Cualquier movimiento, para que sea oficial y sea ley de la República, tiene que ser aprobado por el Órgano Legislativo, cosa que ellos no lo consideraron”, dijo.
Dicho comité argumenta que el Gobierno no puede tomar prestado más dinero de los trabajadores sin que la Asamblea Legislativa cumpla con la sentencia de la CSJ. El 23 de diciembre de 2014 la Sala de lo Constitucional dictaminó que los diputados deben establecer una nueva tasa de interés que mejore la rentabilidad y los ahorros de los cotizantes.
La demanda también incluirá a las AFP. El líder del comité opinó que sin que exista una tasa oficial, las administradoras deberían abstenerse de comprar los CIP que emite el Estado.
La intención de Comtradefop es que se defina una responsabilidad penal, por lo que consideran un hurto a los trabajadores, ya que se sigue sacando dinero de los ahorros de pensiones con una tasa de interés bajísima, no oficializada por la Asamblea. Al respecto, el titular de Hacienda, Carlos Cáceres, solo mencionó que un equipo de expertos trabajó para reaccionar a la resolución de la CSJ; pero no específico cuál fue el criterio para definir la tasa del 3 %.
Diferentes instituciones han preferido no dar declaraciones a los medios sobre este tema, remitiendo la responsabilidad a Hacienda o a la Secretaría Técnica de la Presidencia.
Luz María Serpas, investigadora de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), reconoció que está pendiente la aprobación en la Asamblea. “Habrá que esperar a que definan esa tasa. Por ahora habrán encontrado algún mecanismo administrativo para solventarlo”, expresó.
Por su parte, María Elena Rivera, de FundaUngo, añadió que mejorar la tasa de pago de estos ahorros también compete a trabajadores y empleadores. “Consideramos que en un aspecto la tasa de interés a ser pagada no debe ser definida solo por el Órgano Legislativo, sino que debe abordarse a la luz de una reforma integral… No deben ponerse reformas paliativas o parchecitos”, expresó.
Antecedentes de la demanda
En 2006, para continuar pagando las pensiones a los cotizantes del sistema antiguo (ISSS e INPEP, cuyas reservas ya se habían agotado) se hizo una reforma y se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Eso en la práctica significó que el Estado tomaría prestado dinero de los ahorros administrados por las AFP para pagar los compromisos del SPP.
En dicha ocasión se estableció la tasa Libor (London Interbank Offered Rate) como referencia para el cálculo del interés a pagar a los trabajadores. Sin embargo, dicha tasa cambia según las condiciones de mercado y desde la crisis financiera de 2008-2009 llegó a niveles mínimos, de ahí que durante años Hacienda pagó a los ahorrantes del SAP menos del 2 % de interés. Fundaungo calcula que esto ha significado un costo de oportunidad de $600 millones que los trabajadores dejaron de percibir para sus futuras pensiones.
Ante dicha situación, en 2013 Comtradefop interpuso una demanda de inconstitucionalidad, alegando que era injusto que el Estado pague a los trabajadores una tasa menor a la que reconoce a otros inversionistas, a quienes paga entre el 6 ó 7 % de interés por sus fondos.
El 23 de diciembre del año pasado, la Sala de lo Constitucional de la CSJ resolvió que no se usará la tasa Libor, ya que perjudicaba las ganancias que generaban los ahorros en concepto de intereses.
La sentencia también mandaba a la Asamblea Legislativa a modificar la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, para establecer una nueva tasa de interés que les permita a los trabajadores obtener más rentabilidad cada vez que el Gobierno toma prestados sus ahorros.
Soriano dijo que el 7 de enero pasado presentaron una nueva petición a la Sala de lo Constitucional en donde le piden, de forma explícita, que no se sigan tomando ahorros de pensiones mientras no se establezca la nueva tasa de interés a pagar a los fondos de pensiones que administran las AFP.