MADRID. Un juez de la Audiencia Nacional española impuso una fianza de ochocientos millones de euros a varios exdirectivos de Bankia, entre ellos al exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, por las presuntas irregularidades en su salida a bolsa.
Con esa fianza se trataría de hacer frente a eventuales responsabilidades por perjuicios causados a quienes acudieron a comprar acciones en su salida a Bolsa, que tuvo lugar en julio de 2011.
El juez Fernando Andreu dictó hoy un auto en el que pide finanzas a Rato, que fue director gerente del FMI y ex ministro de Economía español, así como a sus principales colaboradores en la dirección de Bankia, entre ellos el exvicepresidente de la entidad José Manuel Olivas y el exconsejero delegado Francisco Verdú.
Según el juez, del análisis que cuestionó las cuentas con las que Bankia salió a bolsa se desprende un delito tipificado en el Código Penal que castiga a quienes como “administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes”.
Un informe conocido a principios de diciembre pasado elaborado por dos peritos del Banco de España concluyó que las cuentas Bankia y su matriz BFA del año 2011, el último completo de Rodrigo Rato en la presidencia del grupo, no reflejaban “la imagen fiel de estas entidades” en el momento de su salida a bolsa.
La Audiencia Nacional investiga la contabilidad de la entidad, que tuvo que recibir en 2012 una inyección de dinero público estimada en casi 18.000 millones de euros para paliar el agujero contable.
Según el juez, tampoco fue veraz la explicación contenida en el folleto informativo dirigido a los inversores minoristas en la salida a bolsa.
Los ochocientos millones de euros de fianza se derivan de los seiscientos colocados entre los inversores minoristas más un tercio establecido en la ley para fianzas civiles.
No obstante, el juez Andreu recuerda que la ley permitirá ampliar o reducir esa fianza, según la evolución del proceso judicial.