En su resolución de diciembre pasado sobre pensiones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no fija una tasa de interés para los préstamos que el Gobierno toma del fondo de ahorro de los trabajadores.
Los magistrados indicaron que será el Órgano Legislativo el que deberá modificar las leyes correspondientes para cambiar dicha tasa. Pero también, señalaron un elemento de orientación.
La Sala alude al porcentaje mínimo del salario del trabajador que la pensión debe cubrir.
En su resolución, los jueces constitucionales recuerdan que el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Seguridad Social, de 1952, “indica un porcentaje del 40 % para pensiones por vejez como respecto al principio de suficiencia de la seguridad social en este rubro”.
En El Salvador, el sistema de pensiones está lejos de garantizar esa “tasa de reemplazo”, como se le conoce en argot técnico. De hecho, ya en 2011, la rentabilidad de los fondos de pensiones en el país llevaba a proyectar que los futuros jubilados recibirían apenas entre 28 % y 32 % para los hombres y entre 30 % y 34 % para las mujeres.
Así lo concluyó un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La lógica indica que esas tasas son todavía menores en la actualidad, puesto que en los tres años posteriores a la realización de ese estudio, la rentabilidad del fondo de pensiones ha disminuido todavía más.
La gran pregunta es, entonces: ¿cuál es la tasa de rentabilidad que debe ganar el fondo de pensiones para garantizar a los jubilados una tasa de reemplazo de al menos el 40 %?
Ese cálculo en El Salvador no se ha hecho, al menos que se conozca públicamente.