Para acelerar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador (Comtradefop) ya presentó una propuesta a la Asamblea Legislativa para que el Estado pague un 7.62 % de interés cada vez que tome prestados los ahorros del fondo de pensiones.
El documento propone que se utilice una tasa de interés básica pasiva a 180 días “publicada por el Banco Central de Reserva en la semana anterior a la emisión (de CIP), más tres puntos y medio (3.50 %) adicionales”. Ricardo Soriano, presidente del comité, dijo que la iniciativa fue recibida por el diputado Rodolfo Parker, el 20 de enero pasado, y esperan que las comisiones legislativas avancen lo más pronto posible en su evaluación.
La propuesta implica que el Gobierno pague alrededor de 7.6 % de interés cada vez que emita Certificados de Inversión Previsional (CIP), en lugar del 1.3 % que se paga usando la tasa Libor, que fue declarada inconstitucional.
En otras palabras, un trabajador recibirá $7.62 adicionales cada año como pago por cada $100 que el Gobierno tome de sus ahorros de pensiones. Es un cambio significativo respecto a los $1.30 que recibiría de continuarse usando la tasa Libor.
De acuerdo con un análisis de pensiones realizado por Fundaungo la tasa Libor pasó de 5.39 % en octubre de 2006 (el año en que se hizo la reforma que permitió usar los ahorros de pensiones) a solo 0.34% en diciembre de 2014. Estimaciones de esa fundación indican que los trabajadores han dejado de ganar $600 millones por la caída de dicho tipo de interés.
María Elena Rivera calculó, además, que cerca del 56.3% de los ahorros de pensiones se encuentran invertidos en CIP. Dichos certificados se utilizan para pagar las pensiones a los trabajadores que permanecieron en el antiguo sistema tras la reforma de 1996. El presidente de Comtradefop agregó que en una petición enviada a la Sala de lo Constitucional de la CSJ también han denunciado que el Estado sobrepasa la cantidad de ahorros que legalmente le permite la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, que es del 45%. Denuncian que el Gobierno puede utilizar el vacío legal y la distracción de los diputados por las elecciones para emitir CIP pagando una tasa de interés que carezca de validez.El documento propone que se utilice una tasa de interés básica pasiva a 180 días