Hace una semana se presentó una serie de reformas a la Ley del Consejo Salvadoreño del Café, pero estas no incluyen el cobro de ningún nuevo impuesto al sector, reiteró ayer el titular de Agricultura.
El anteproyecto, de acuerdo con el titular del ramo, Orestes Ortez, busca ordenar el mecanismo de recaudación de la tasa de registro que se cobra a los caficultores por Decreto Legislativo desde 2005, pero eso no significa ni un nuevo impuesto ni un aumento del cobro que ya se hace.
De acuerdo con el decreto, se estableció una tasa de registro de los contratos de exportación de café, de $0.35 por quintal de café oro exportado. “Actualmente, esa tasa es retenida por los beneficios de café cuando los caficultores llegan a procesar su producción”, indicó el funcionario.
Explicó que si los caficultores exportan su producción, los beneficios reportan esos 35 centavos al Ministerio de Hacienda, si no exportan, se apropian de esos recursos.
Además de los $035, los caficultores también pagan un impuesto de $0.50, que se destina a transferencia de tecnología e investigación científica.
Sin embargo, los cafetaleros se quejan de la escasa investigación que se ha hecho, por lo que incluso han sugerido que ese cobro sea eliminado.
“El pago debería de quitarse porque desde 2012 no hay investigación científica programada y pagada por los productores”, se quejó Marcelino Samayoa, de la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café, Abecafé.
De acuerdo con Ernesto Lima, de la Unión de Cooperativas de Cafetaleros, Ucafe, con el Anteproyecto también se está buscando ordenar el dinero que el Gobierno recibe de parte del sector. “Una vez aprobada la reforma, la Asamblea Legislativa tendría la facultad de unificar la tasa de registro de $0.35 con la de transferencia de tecnología e investigación $0.50. En total, $0.85, que permitirían dinamizar el sector”, explicó el empresario.
Otra de las reformas que busca el Anteproyecto es modificar el directorio que hasta hoy posee el Consejo Salvadoreño del Café (CSC). Se sugiere la integración del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Turismo (Mitur) y que el titular del MAG sea quien presida el Consejo .