La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), presentó ayer un análisis sobre la propuesta de Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria.
Para Fusades, el mayor obstáculo para la seguridad alimentaria en El Salvador es el acceso económico. Al analizar el tema en realidad la mejor política es asegurar el crecimiento económico y generación de empleos fijos, mencionó Amy Ángel Experta en agricultura de Fusades. “Cualquier acción que se haga si no tenemos un crecimiento económico va a ser sumamente difícil reducir los niveles de mal nutrición que tenemos en el país”, apuntó.
El anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional se presentó en 2013 ante la Asamblea Legislativa, luego varias gremiales presentaron varias propuestas de soberanía alimentaria, de acuerdo con esos insumos se combinaron las propuestas para generar una sola iniciativa de ley.
Según la especialista en el anteproyecto no queda claro quién es el soberano, si es el productor o el consumidor, porque no se sabe quién decidirá qué producir y qué comer, o si será el gobierno quien decida en realidad.
En cuanto el Gobierno usurpe las decisiones de los productores, irá en contra de las libertades, critica Ángel, lo ideal sería empoderar a los productores para que ellos puedan tomar una decisión o a los consumidores para que estén mejor informados. “Estamos en un terreno resbaladizo cuando tratamos de legislar en tema de soberanía alimentaria”, agregó.
En cuanto al tema de legislación, Fusades considera que la propuesta de Ley posee inconstitucionalidades y errores de forma, tales como, por ejemplo, la obligación de realizar determinadas labores productivas en terrenos particulares de manera obligatoria, consumir o dejar de consumir cierto tipo de productos por la calidad nutricional que le atribuye el Estado, según Fusades, hay una clara intención de que sea el Estado el que decida lo que van a producir los particulares y lo que van a comer, lo que es una violación del derecho de libertad personal consagrado en la Constitución de la República.
280 nuevos organismos
Otro señalamiento que hace el tanque de pensamiento son los costos y la eficiencia institucional. Acá se menciona la imposibilidad de funcionamiento y la inconstitucionalidad contemplada en la ley, para la que se necesitaría crear 280 nuevas oficinas públicas, incluso municipales y departamentales.
Lo anterior podría dar como resultado anular las nuevas normativas; citando como ejemplo la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de 2009, que preveía la creación de un mayor número de instituciones y de todas ellas solo funciona una en la actualidad. Además, toca el manejo de los precios, estableciendo “bandas de precios” para los alimentos básicos, con precios máximos y mínimos, Ángel menciona que una alternativa para que las personas puedan acceder a la canasta básica sería el subsidio focalizado para familias vulnerables.