Las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, con respecto al pago de pensiones, sobre que existen “una serie de obligaciones que el Estado no puede seguir cumpliendo”, despertaron las alarmas entre varios economistas que criticaron que el Gobierno no ha hecho provisiones para cumplir con dicha responsabilidad.
De por sí, dichas declaraciones generan incertidumbre entre los trabajadores que están por pensionarse o ya están pensionados por el sistema antiguo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o del Instituto Nacional de Pensiones para Empleados Públicos (INPEP).
Manuel Enrique Hinds, analista económico, expresó que “con este anuncio, el Gobierno le está diciendo a toda la gente que le confió sus ahorros por décadas enteras que no le pagará lo que les debe”.
Lo preocupante, dice, es que esta es una secuelas del endeudamiento del Gobierno, el cuál se ha ido generando por el excesivo gasto en cuenta corriente del Estado.
El economista Claudio de Rosa considera que el Gobierno tiene razón en decir que no posee los fondos suficientes para pagar a los pensionados, e indica que una de las soluciones más viables y lógicas en esta situación es la racionalización del gasto público.
Enfatizó que el Gobierno no debe meterse con las pensiones de los ciudadanos, sino buscar la forma de recortar en otras áreas, especialmente en el gasto público.
De Rosa añadió que no pueden ser los trabajadores los que subsidien al Estado con su bienestar futuro. El problema es que el Estado se ha endeudado, porque no ha hecho las previsiones para poder pagarle a los trabajadores, cuando la solución recae en “ser responsable con las finanzas públicas”, dijo.
A inicios de la semana, el titular del Ministerio de Hacienda expresó que el problema de las pensiones no se debe al sistema público, sino al sistema privado, ya que gobiernos anteriores le dieron una serie de ventajosas prerrogativas y le generaron una serie de obligaciones que el Estado no puede seguir cumpliendo.
Para Cáceres, el problema fue la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), y aunque comentó que se debe buscar la sostenibilidad del pago de pensiones, no dio explicación de cómo se puede lograr esto, aunque una de las metas más importantes para el Ministerio de Hacienda en el 2015 será “solucionar el tema de la sostenibilidad del pago de las pensiones”, comentó.
Anteriormente, el fisco ha reiterado que el pago anual de las pensiones es demasiado alto (400 millones de dólares anuales), pero los economistas cuestionan otros gastos que el estado efectúa.
Para el caso, Hinds reiteró que “el Gobierno parece creer que el pago de las pensiones es algo que Hacienda debe cumplir o no cumplir”, y que, debido a que piensa que “los pensionados o personas próximas a pensionarse del sistema viejo no puede defenderse” esto les permite “guardarse” todo el dinero que los trabajadores han cotizado durante su vida laboral.
El analista considera que esto “no es sólo un abuso, sino también una estafa porque en el sistema viejo la gente entregaba sus cotizaciones al Gobierno a través del Seguro Social y el INPEP contra la promesa de éstos de que iban a pagarles una pensión al retirarse”.
Explicó que la deuda de pensiones es una deuda formal del Gobierno, comparable a cualquier otra deuda que pueda adquirir, y que no puede dejar de pagarse solo por un “capricho de Hacienda”.
Rommel Rodríguez, analista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), profundizó en que la reforma que se piensa hacer en el tema de pensiones no es excluyente de utilizar el gasto público de ninguna manera.
Uno de los principales propósitos del Estado será reducir el déficit fiscal, que se prevé rondará por el 4 % en los próximos tres años. Una de las metas trazadas por el Gobierno es reducir el 1.5 % el déficit fiscal, lo que sería positivo para el tema de pensiones pero no es una cifra suficiente, explicó Rodríguez.
La solución al endeudamiento no está en evitar el pago de las pensiones, sino en tratar de solventar los problemas de liquidez que posee actualmente, especialmente los atrasos en pagos, dijo.
Rodríguez indicó que el problema del manejo de pensiones se le dificultó al Gobierno con la resolución de la Sala de lo Constitucional, en diciembre del año pasado, en donde dictaminó que la tasa de interés que tenía que pagar el Gobierno debía ser más alta.
Dicha resolución surgió porque, durante años, el Gobierno tomaba prestado los ahorros de los pensionados y pagaba a tasas de interés menores del 2 %, muy por abajo de lo que se le paga a otros tenedores de bonos del estado (entre 6 o 7 %).
Para Rodríguez, el Gobierno “compromete los ahorros de los cotizantes actuales”, al informar que no posee los recursos para pagar.
Si bien es cierto que el Gobierno no tiene la liquidez para pagar los 400 millones de dólares anuales que cuestan las pensiones, debe “sentarse a buscar soluciones” para ser más responsable, fiscalmente hablando, indicó De Rosa.
Hinds manifestó que cuando el Estado no paga las deudas con los trabajadores, está dejando de cumplir sus obligaciones laborales, lo cual califica como “una manifestación de una hipocresía profunda”, debido a que es un partido que “dice defender a los trabajadores”.
Los analistas estiman que “otra estafa” por parte del Gobierno es querer volver al sistema antiguo, cuando proponen la reforma del sistema de pensiones.
Esto daría apertura, según Hinds, a que “el Gobierno, después de que se gaste todo el dinero de los trabajadores, aparezca otra vez Hacienda y diga que no puede pagar las pensiones”, concluyó.