La influyente revista mexicana “Proceso” titula en la portada número 1987, del 30 de noviembre pasado, “Dos años. Proyecto en picada” y en la nota principal “El Naufragio Total”. No sé si esta visión es unánime no solo en México sino también en la comunidad internacional luego de que el presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, cumpliese dos años al frente del Ejecutivo, luego de retomar el poder tras un paréntesis de dos períodos con presidentes del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Sí hay más unanimidad en que la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de la Policía Municipal de Iguala, ha puesto en jaque al gobierno de Peña Nieto y ha hecho tambalear a las instituciones del Estado no solamente porque han sido incapaces de determinar lo sucedido en Guerrero y dar explicaciones a los familiares de los jóvenes desaparecidos, probablemente asesinados por fuerzas paramilitares vinculadas con el narcotráfico pero arropados con las fuerzas policiales locales, sino porque la creciente violencia e inseguridad en México pareciera tomar mayor fuerza en distintas zonas del país haciendo casi imposible convivir en paz y buscar el crecimiento económico que saque al país de la pobreza y logre subirlo al tren del desarrollo, como lo prometió Peña Nieto.
Amén de que el presidente Peña Nieto reaccionó tarde ante la crisis provocada por la desaparición de los 43 normalistas -únicamente uno de ellos ha sido identificado luego de pruebas de ADN a los restos calcinados- el gobierno ha propuesto la centralización y militarización de la seguridad pública, lo que implica terminar con las policías municipales, comenzando en las zonas más calientes como lo son Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Por lo menos así lo sostiene el periodista Jorge Carrasco Araizaga.
En un programa de diez puntos, el Presidente Peña Nieto pretende mejorar la “paz, la justicia y el desarrollo” en el país: entre otros puntos conlleva las reformas constitucionales que trastocarían el orden en los gobiernos municipales, no solo en las fuerzas policiales sino en lo relativo a la suspensión y restricción de garantías, así como más reformas al código penal, entre otros. Todo esto tiene que pasar por un largo proceso legislativo, que requiere no solo una correlación de fuerzas positivas sino también un ambiente político no tan crispado como el que hay en estos momentos cuando inicia 2015.
Las bancadas del PAN y el PRD en el Senado de la República han manifestado que darán la batalla para evitar la propuesta de Peña Nieto, que incluye reforma constitucional para formalizar el mando único estatal, crear un método de intervención de municipios atestados con el crimen, al tiempo que se trata de definir las facultades de cada nivel de gobierno en el combate del crimen.
Al referirse a la propuesta enviada al Senado por el Presidente Peña Nieto, la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, dijo que “no podemos reducir este problema únicamente a los municipios”. La funcionaria sostiene “hay estados que inclusive también han tenido infiltración y que hasta autoridades estadounidenses han investigado a exgobernadores por presuntos vínculos con la delincuencia organizada”, recoge la edición del periódico Excelsior de inicios de diciembre.
Lo cierto es que la crisis provocada por la desaparición de los 43 normalistas es profunda, no solo toca la credibilidad de las policías locales y las federales sino que también pone en cuestión la eficacia para enfrentar la delincuencia.
Las idas y venidas de la economía
Comenzó bien hace dos años, en esto hay bastante unanimidad, sobre todo cuando plantea el gran acuerdo nacional (Pacto por México que incluía 95 puntos, consensuado primero con su partido, el PRI, pero también incluía los otros dos partidos, el PAN y el PRD) que conllevó a poner en marcha las reformas educativa, energía, telecomunicaciones.
Este acuerdo nacional incluso conllevó a modificar puntos constitucionales y medio darle vuelta a cuestiones como que el sector privado internacional pueda invertir en la extracción de petróleo o que se reestructura el espectro radioeléctrico.
Este proceso conllevó incluso a lo que se llamó una nueva reforma fiscal, que si bien es cierto trajo nuevos y más ingresos a las arcas del Estado, enfrió el dinamismo empresarial y por lo tanto la economía no crece lo suficiente.
El economista Jonathan Hearh, uno de los analistas de macroeconomía con mayor reputación en México, entrevistado por la revista Proceso dice de manera contundente “El ingreso disponible de las personas –hogares y empresas– ya venía bajando desde 2013 por la fuerte desacelaración de la economía, pero en 2014 prácticamente se derrumba; se desplomó por la reforma fiscal, la subida de impuestos y la inflación que esta provoca”.
En pocas palabras, nos explica este técnico, “La economía no se va a reactivar si el gobierno gasta más o gasta menos. No: se va a reactivar cuando le das más ingresos a los hogares. El consumo de los hogares representa entre 60 % y 70 % del PIB. Entonces, si yo bajo los impuestos y le doy más ingresos a los hogares, los hogares gastan más, hay más consumo y hay más producción, y la economía se reactiva… pero si yo les quito, cobrándoles más impuestos, pues voy a tumbar la economía”.
El columnista del periódico Excelsior Jorge Fernández Menéndez coincide con el planteamiento de Heart, y lo pone en perspectiva, ahora que los precios del petróleo van a la baja, que Estados Unidos ha sustituido su importación del crudo porque ahora es mucho más autosuficiente y usa más el gas, y que la OPEP se niega a bajar la producción, y se pregunta: ¿por qué tiene esta realidad tantos costos para México?… primero, dice tajantemente, porque no es novedoso decir que la economía, y sobre todo la recaudación, están petrolizadas. Pero además, porque está paralizado el mercado interno, que no crece ni tiene perspectivas de hacerlo en el futuro. Y no crecemos porque la economía cotidiana está asfixiada por los impuestos, la falta de recursos y de inversiones. El costo fiscal es muy alto y la reforma está destinada a restringir el consumo, y lo hemos estado viendo durante todos estos meses”.
En resumen, a inicios de 2014, pensando en la reactivación estadounidense, se creía que el crecimiento del PIB mexicano sería de un 3.4 por ciento; a medida que fue pasando el año esté cayo entre un 2.1 y 2.6 por ciento, mientras que la CEPAL señaló que mientras en la mayoría de países latinoamericanos la pobreza e indigencia iban a la baja, en México ocurría lo contrario, esta subía.
La realidad y el mundo real está matizado en una gama de grises y si bien es cierto el desempeño económico está a la baja, y no repunta como lo debería, hay otras dinámicas que pueden o no contribuir a mejorar la situación en este país de más de 103 millones de habitantes en una superficie de casi dos mil millones de kilómetros cuadrados, el gobierno de Peña Nieto intenta modificar el uso de gas y extenderlo por todo el país, recientemente se inauguró la primera fase del gasoducto Los Ramones, 118 kilómetros de longitud con capacidad de mover hasta mil millones de pies cúbicos de gas, el cual será transportado desde Estados Unidos hasta Tamaulipas y el estado de Nuevo León, en un ducto de 48 pulgadas; se pretende abastecer la demanda de gas natural en el mercado nacional para la próxima década.
Otros proyecto macros como la renovación del aeropuerto en el Distrito Federal o el tren de alta velocidad, ambas iniciativas anunciadas con gran pompa pero detenidos por el momento por diversas causas y que incluyen motivaciones políticas, económicas e inclusive vinculadas con la corrupción (los chinos que ganaron la licitación están relacionados con la construcción de sendas mansiones de la cúpula del gobierno) además del anuncio de sendas inversiones internacionales, entre otros la construcción de fábricas de autos que generarán miles de puestos de trabajo en el norte del país, son alicientes que pueden poner a México en otra dimensión en el desarrollo económico de los próximos años.