MANAGUA. El gobierno nicaragüense tiene puesta su mirada en las zonas francas como uno de los motores de crecimiento económico de ese país.
Se espera que las empresas que se encuentran bajo el régimen de zonas francas generen este año unos 10 mil 482 empleos, según una publicación de la Prensa Libre, de Guatemala.
Con dicha cantidad, el número de personas empleadas en las zonas francas de Nicaragua será de 120 mil 482 al terminar 2015, según los cálculos del Gobierno, presentados en un documento oficial.
El crecimiento se dará a pesar de que a partir de este año Nicaragua no cuenta con un régimen arancelario preferencial, que Estados Unidos extendió a textileras nicaragüenses en los últimos 10 años, hasta diciembre de 2014.
De la misma manera Nicaragua espera que el número de empleos indirectos en zonas francas pase de 330 mil en 2014 a poco más de 363 mil en 2015.
Las exportaciones de zonas francas sumaron 2 mil 100 millones de dólares en 2013, según cifras oficiales.
A octubre de 2014 las mismas eran de $2 mil 9 millones, según el Banco Central de Nicaragua.
La Agencia de Promoción de Inversiones (ProNicaragua), destacó recientemente que la industria de manufactura de ese país ha crecido debido a ventajas como la ubicación estratégica, que está en el centro de América, con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico; y el acceso preferencial a mercados internacionales claves como Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
También por contar con una de las estructuras de costos laborales más competitivos de la región centroamericana bajo el régimen de zona franca, generosos incentivos de inversión, y altos niveles de seguridad ciudadana.
¿Pérdida de empleos?
Sin embargo, Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec), confirmó esta semana a la Prensa de Nicaragua que las zonas francas han comenzado a despedir personal con la pérdida de los Textile Promotional Level (TPL, por sus siglas en inglés).
El TPL consiste en que dentro de un tratado comercial, un país le acepte a sus socios utilizar materias primas de una nación no firmante del acuerdo.
García estima que entre 1,000 y 2,000 personas podrían perder su trabajo entre enero y febrero, y para finales del primer semestre serían entre 3,000 y 5,000 trabajadores. —Prensa Libre de Guatemala/ La Prensa de Nicaragua.