El largo litigio entre Enel Green Power e Inversiones Energéticas (INE) dio ayer un paso importante hacia su solución definitiva con la venta de 36.2 % de las acciones de la firma italiana en LaGeo, a un monto de $287.6 millones que obtuvo la susidiaria de la paraestatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a través de una titularización que fue adquirida por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Al respecto queda pendiente, para dar punto final al conflicto, el cierre de juicios pendientes contra Enel y sus representantes, entre otros aspectos que deben verificarse en los próximos seis meses
“Con este acuerdo cedemos a INE toda la partipación en LaGeo, concluyendo así nuestra actividad en el país”, comunicó Enel a través de una nota de prensa.
Además el presidente de CEL, David López Villafuerte, confirmó el mecanismo de financiamiento (sin entrar en detalles de la emision) y el cierre de las negociaciones con Nicola Melchiotti, Gerente de México y América Central de la compañía italiana.
“Hemos concluido con satisfacción estre proceso por la vía del diálogo. Lo iniciamos el 12 de julio, siguiendo un mandato presidencial de buscar soluciones a los problemas energéticos del país”, dijo el titular de CEL en Radio Nacional.
López agregó que en el futuro solo se buscarán socios estragéticos para “cuestiones financieras”, lo cual permitirá, a su juicio, evitar escenarios complejos para el país.
“Si en un futuro volvemos a buscar un socio solo será para cuestiones financieras, no administrativas. Hay que hacer las cosas bien”, adelantó el titular de la autónoma.
Por su parte el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, aplaudió el mecanismo con el que se negoció las acciones, pero reprochó, por transparencia, que la transferencia se haya realizado a la INE, debido a que no se puede fiscalizar por la Corte de Cuentas a pesar que es una sociedad que se creó con fondos públicos que provienen de la CEL.
Hay que recordar que las negociaciones se dieron bajo el amparo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Para llegar al acuerdo el Juzgado Séptimo de Instrucción levantó el embargo de los bienes y acciones que la empresa posee en LaGeo, como parte del acuerdo suscrito por el Fiscal General de la República, Luis Martínez.
En ese sentido, el referido tribunal además ordenó que se le cancele el congelamiento en la sociedad hipotecaria Santa Ana y en AES Distribuidores Salvadoreños, junto un vehículo y una cuenta bancaria.
También, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió el lunes anterior el levantamiento del embargo de los bienes, acciones en LaGeo y cuentas bancarias de Enel para poder poner en venta sus acciones.
Al igual que la FGR, Edgar Morales Joya, abogado del expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, también pidió que se le levantara el embargo a su defendido en vista de la evolución del caso.
“El embargo de Enel implicaba el 98 % de la responsabilidad civil. ¿Cómo es posible que levanten el 98 % y dejen el 2 %, nada más?”, dijo Morales Joya, quien agregó que “no tiene razón el embargo a los acusados.
Sostuvo el acuerdo alcanzado por la Fiscalía y Enel Green Power legitima la venta de acciones que le hicieran a la firma italiana como socio estratégico para formar la empresa geotérmica LaGeo y, por lo tanto, “no hay delito que perseguir”.
Arturo Muyshondt, quien defiende al exministro de Economía, Miguel Lacayo y a Thomas Hawk, sostuvo que se tenía que levantar el embargo a Enel para que la firma italiana pudiese vender sus acciones en LaGeo y además porque la acción civil era para Enel como persona jurídica porque no puede haber acción penal contra la referida empresa.
Sin embargo, Muyshondt ve positivo el acuerdo alcanzado porque puede ir camino a favorecer a sus defendidos, aunque él consideró que para Lacayo y Hawk no hay ni un solo indicio de las acusaciones que les formula la Fiscalía.
Muyshondt dijo que resulta ilógico que la firma auditora Ochoa Benítez valuara a LaGeo en más de $1,000 millones y que se terminara comprando las acciones a $287.6 millones.
Aunque dijo desconocer la base del acuerdo entre FGR y Enel, el asesor legal de la firma geotérmica, Francisco Bertrand Galindo, consideró que el alcance de ese convenio podría favorecer a las nueve personas que son procesadas en el Juzgado Séptimo de Instrucción. “En principio pensaría que se desactiva todo el proceso penal”, dijo el jurista. continúa en la PÁGINA 00 r rr viene de la PÁGINA 00