El Gobierno de El Salvador le pagó el viernes pasado a la empresa italiana Enel los $287.6 millones por la compra de sus acciones en La Geo y con este finiquito, la empresa pone punto final a una historia que inició con grandes expectativas de inversión en geotermia para el país, pero que terminó con un arreglo legal en el que decidió irse definitivamente para desarrollar la geotermia en otros países.
Maurizio Bezzeccheri, presidente de Enel para América Latina, dijo en exclusiva a El Diario de Hoy que se van satisfechos de haber ayudado a desentrampar un desacuerdo que le costó al país ocho años de bloqueo a las inversiones en geotermia.
Ahora, tras haber finiquitado este desacuerdo, la empresa tiene lista una cartera de proyectos en toda Latinoamérica, que suman $4,000 millones para los próximos cinco años.
El Salvador, como es obvio, ya no estará en esa lista de países adonde invertir, a menos “que en algún momento las condiciones cambien”, dijo el empresario italiano.
Los empleados de esta compañía, dijo, podrán incorporarse a otras empresas relacionadas e incluso, se les podría abrir las puertas para trabajar en otros proyectos que la empresa desarrollará en Latinoamérica.
Y es que a pesar de que la compañía recurrió, durante este tiempo, a todas las instancias judiciales permitidas en un laudo arbitral, el Estado se negó en todo momento a abrirle espacio y dejar que la compañía administrara la geotermia, tal como decía el acuerdo entre ambas partes.
Durante estos ocho años, la empresa intentó aumentar sus proyectos de inversión en geotermia, pero la negativa del Gobierno a capitalizar sus inversiones en la empresa LaGeo, bloqueó todo plan de expansión.
Bezzeccheri reconoce que con el presidente Salvador Sánchez Cerén, por fin recibieron una invitación a solucionar el tema.
“Por primera vez vimos el deseo de solucionar el tema. Significa: me tengo que poner de acuerdo con la otra parte”, expresó.
Mientras intentaban un acuerdo con el Estado salvadoreño, se mantenía vigente el proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), pero Bezzeccheri se dio cuenta de que si mantenían el proceso, el bloqueo se mantendría por muchos más años y que la afectación sería para el país.
“No llegar a un acuerdo significaba otros años de posibles actividades judiciales y por lo tanto también de estos bloqueos habría sufrido mucho El Salvador”, dijo.
“Existía una parálisis y esto para nosotros era una presión. Nuestro negocio es desarrollar, es vender energía y esto no se podía hacer en este momento por la existencia del diferendo, pero esta era prácticamente un sufrimiento para nosotros”, agregó.
Bezzeccheri dice que más que su negocio, quien perdía en este largo litigio era El Salvador. “En este momento estaba perdiendo el país porque si yo tengo una inversión en un punto y tengo un bloqueo, es claro que yo no me paralizo. Yo voy a hacer la inversión en otro punto”, aseguró.
“Nosotros seguiremos invirtiendo. Posibilidades de crecimiento hay muchas en todo el mundo. Vamos a crecer donde podamos hacerlo”, recalcó.
En manos de INE
Hoy que la historia termina, será la INE la responsable de desarrollar la geotermia en el país.
Bezzeccheri no sabe si esta institución tendrá ahora la capacidad para desarrollar proyectos millonarios. “Esa es una pregunta que deberá responder el presidente de la INE”, dijo.
Sin embargo, destacó que mientras Enel se mantuvo en el país la generación de energía con fuentes geotérmicas se aceleró.
Cuando llegaron al país, Gesal (ahora LaGeo) estaba en números rojos y, a pesar de que ya había gente muy profesional en el rubro, la geotermia no había despegado.
Fue con sus conocimientos y numerosas experiencias de proyectos en todo el mundo que el país logró avanzar hasta tener hoy día una generación geotérmica que abarca el 43% de la generación total.
Bezzeccheri también recalcó que, pese a los señalamientos de que su empresa se benefició con el contrato, son los hechos los que hablan. “Todo ha sido aclarado en las instancias pertinentes”, aseguró.
El tribunal francés, la corte de apelaciones y la de casación emitieron por separado resoluciones en las que se le dio la razón a la empresa, pero éstas nunca se cumplieron porque el Gobierno se negó a acatarlas.
Por eso es que el caso pasó este año a instancias del CIADI, en Washington, que por el momento está suspendido.
En El Salvador, mientras tanto, también sigue su curso el proceso penal que involucró a varios ex funcionarios.