La Embajada de Estados Unidos en El Salvador expresó ayer, a través de su departamento de Comunicaciones, que está pendiente de los pormenores del cierre de operaciones de la empresa Equifax S.A. (antes Dicom), ordenado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) la semana anterior.
Luego que este medio enviara un correo electrónico solicitando información sobre si el cierre de operaciones de la referida empresa, de origen norteamericano, viola las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Cafta) y sobre las acciones que impulsaría al respecto, la respuesta fue escueta.
“Estamos siguiendo de cerca la situación entre Equifax y el Gobierno de El Salvador, esperamos que se llegue a una resolución constructiva de acuerdo a la ley”, manifestaron las fuentes.
La SSF ordenó el cierre de la empresa a raíz de una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le exigía a la Superintendencia vigilar el cumplimiento de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio de las Personas.
Cuando la legislación entró en vigencia el 24 de octubre de 2011, Equifax tenía la obligación de solicitar autorización a la SSF para dejar de ser una “sociedad especializada en la prestación de servicios de intercambio de datos” y convertirse en una “Agencia de Información de Datos”.
El cierre obedece a que la SSF le negó esa autorización luego de comprobar en una auditoría que Equifax realizó casi 270 mil consultas ilegales sobre el historial crediticio de miles de salvadoreños, en solo tres días.
La controversia se encuentra ahora enfrascada en la exigencia del SSF a Equifax de su base de datos, amparándose en el artículo 17 de la referida Ley, que establece que cuando una “agencia” cierra operaciones debe entregar su base de datos a la SSF. Sin embargo, Equifax se niega a hacerlo argumentando que nunca tuvo autorización para funcionar como “agencia”. —EDH